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NUEVAS POLÍTICAS PARA UN CHILE MÁS IGUALITARIO(2005) PDF Imprimir Correo
Escrito por Rubén Andino y otros   
03-08-2010 a las 03:21:48

NUEVAS POLÍTICAS

PARA UN CHILE MÁS  IGUALITARIO

Introducción

El presente texto constituye una contribución al debate de la Conferencia Nacional Programática, convocada para el mes de abril de 2005 por el XXVII Congreso del Partido Socialista de Chile, en la perspectiva de aportar propuestas efectivas y concretas para contribuir al programa presidencial de nuestra candidata, Michelle Bachelet.

Lo sucedido en el XXVII Congreso del Partido Socialista de Chile demuestra que el partido necesita con urgencia restablecer un conjunto de normas éticas de convivencia interna, que sirvan de guía para una praxis coherente con los principios que proclamamos en teoría. No basta con tener buenas ideas, tenemos el deber de llevarlas a la práctica, como parte de nuestro compromiso con las necesidades, aspiraciones e intereses del pueblo, en un marco de integración de todos los militantes en la ejecución de las políticas del partido.

Los socialistas y la Concertación estamos en deuda con Chile al menos en tres aspectos sustantivos:

1.- La  superación del modelo económico neoliberal por otro más humano, en perspectiva de un país más igualitario en todos los planos de la existencia: la economía, la cultura, los derechos ciudadanos, la justicia, la educación, la salud, entre otros muchos aspectos relacionados con la una mejor calidad de vida.

2.-  La construcción de una sociedad más democrática, que extienda la participación de los ciudadanos en todas las esferas, de la vida política, social y económica, tras la meta de una nueva Constitución Política del Estado, que deje atrás el tinglado institucional que heredamos de la dictadura.

3.- La defensa de nuestro patrimonio natural, nuestra diversidad biológica, de nuestros recursos energéticos, de nuestra flora y fauna, mediante una política nacional de protección del  medioambiente, que garantice a los chilenos de hoy de mañana un ecosistema libre de contaminación.

Las elecciones presidenciales son la gran oportunidad para cancelar esta deuda social y para dejar de ser un partido que permanece estancado alrededor del 11 por ciento de la votación nacional.

1. Desafío global al neoliberalismo

La hegemonía económica, política y militar de los Estados Unidos ha logrado remodelar la economía mundial de acuerdo a los requerimientos del proyecto neoliberal; lo que se ha expresado en privatización de activos públicos, liberalización comercial y financiera, Estado mínimo, eliminación de barreras aduaneras, desprotección de los derechos de los trabajadores y disminución de la protección social.

El resultado concreto de esta situación es que bajo el neoliberalismo y su concepción de la modernidad y de la globalización, la humanidad ha retrocedido décadas de progreso social y económico, ya que la pobreza, la precarización del trabajo, la vulnerabilidad y las desigualdades recorren todo el mundo. Los neoliberales tampoco han acertado con el crecimiento, ya que las tasas del PIB mundial y latinoamericano han decrecido en el período 1980 - 2003 en comparación al de 1950 - 1979.

Pero no es todo. La derecha neoliberal, en su afán de reducir el papel del Estado y traspasar a las lógicas del mercado no sólo la asignación de recursos, sino que también el imprescindible control de los procesos que afectan al bienestar de los seres humanos, está permitiendo que factores esenciales del funcionamiento del planeta empiecen a deteriorarse de manera constante. Uno de estos factores es la emisión incontrolada de contaminantes hacia el aire, tierra y agua, que coloca en peligro  hasta la existencia de la vida en el Planeta.

El calentamiento global, empieza a generar impactos ecológicos y amenaza con una crisis de dimensiones imprevisibles, en la que los países más pobres son los principales afectados. La comunidad internacional ha establecido en el Protocolo de Kyoto metas de reducción para los países con mayores emisiones de los gases que producen el efecto invernadero. La mayoría (entre ellos Europa occidental y Rusia) ha ratificado el acuerdo; sin embargo, Estados Unidos, China y Australia no tienen voluntad de firmarlo, para no disminuir sus beneficios económicos de corto plazo.

La realidad internacional, especialmente en América Latina, que parecía haber asumido no hace más allá de una década, de manera acrítica, al neoliberalismo como un modelo socio económico de progreso y desarrollo, hoy está girando hacia otras perspectivas que aunque son embrionarias, abren nuevos y novedosas esperanzas a los sectores progresistas de algunos países como Venezuela, Brasil, Argentina o Uruguay, todos los cuales tienen en común distintos grados de ruptura con el orden socioeconómico neoliberal hoy día dominante.

Todo lo señalado nos exige redefinir nuestra relación con los países vecinos, sustentada en una efectiva integración económica, política y cultural latinoamericana, cuestión planteada por el PS desde su fundación en 1933.

Los socialistas aspiramos a que el nuevo gobierno que elijamos en Chile privilegie una alianza estratégica con América Latina y el Caribe para enfrentar los desafíos económicos, sociales, políticos, culturales y medioambientales que nos ha colocado la globalización que encabeza, controla y dirige EEUU. Chile no puede seguir mirando hacia el mundo industrializado en su política de inserción. Los costos ya han sido demasiado elevados.

A la luz de los desastres que está acarreando el neoliberalismo, son urgentes nuevas estrategias globales a desarrollar por las Naciones Unidas, que signifiquen un nuevo orden mundial, en el que no caben soluciones puramente nacionales a problemas que tienen origen especialmente en los EEUU, pero que se expanden a nivel planetario, como el militarismo obtuso (expresado en las ocupaciones de Afganistán e Irak y en el conflicto del Medio Oriente), la pésima distribución de la riqueza, el alto desempleo, el deterioro del medioambiente, la inestabilidad social, las desregulaciones comerciales y la anarquía en los flujos de capital.

2.- El cambio comienza en nosotros

Los socialistas chilenos queremos construir un orden de cosas más humano, igualitario e integrador, para abrir paso a un cambio de fondo en las condiciones de injusticia social, explotación y discriminación que persisten en nuestra patria. Para lograr esta meta debemos empeñar nuestros mejores esfuerzos en iniciar el cambio del orden neoliberal por un Estado Social de Derecho capaz de sustentar un proyecto de desarrollo vinculado a una mayor equidad, participación, justicia social, democracia y pluralismo.

Hasta hoy la dirigencia del PS ha privilegiado un accionar superestructural, que limita su presencia a los medios de comunicación, al Congreso Nacional y a sus relaciones con el Gobierno. Nosotros planteamos que los socialistas debemos reencontrarnos con la ciudadanía, privilegiando la representación de los trabajadores; de los jóvenes; de las mujeres; de los pueblos originarios; los pensionados; de los micro; pequeños y medianos empresarios, y de todos los sectores que el modelo imperante ha sumido en situaciones de desmedro, pobreza o marginación.

El partido debe adaptarse a nuevas realidades de una sociedad más compleja y contradictoria que nos exige un mayor esfuerzo intelectual de análisis de las nuevas contradicciones que han aparecido, (por ejemplo, la contradicción entre globalización y regionalización), debe comprender el rol de fuerzas sociales emergentes que tienden a asumir  muchas veces las lógicas del mercado;  proponer medidas concretas para la protección del medio ambiente, para el control del crecimiento anárquico de las grandes ciudades; para abordar las problemáticas que plantean las minorías sexuales, el proceso de envejecimiento de nuestra sociedad con el consiguiente aumento de los adultos mayores, la creciente influencia de nuevos cultos religiosos sobre amplias capas populares y que están desplazando al catolicismo, la emergencia de las "tribus urbanas"  de jóvenes y de otros movimientos sociales asociados a nuevas demandas populares.

Debemos ser capaces no sólo de volcarnos hacia sus organizaciones, conocer sus demandas, sino que también ser capaces de canalizar sus aspiraciones en búsqueda de salidas efectivas a los problemas que plantean.

Es preocupante percibir que después de quince años de gobiernos de la Concertación, amplios sectores populares se alejan de nosotros decepcionados de políticas gubernamentales que parecieran preocuparse sólo de los grandes grupos empresariales. En este sentido urge rectificar, para actuar en consecuencia con los intereses y valores que siempre hemos defendido, retomando el sentido original de una Concertación nacida para construir una mayoría por los cambios, respetada por la ciudadanía y creíble en su accionar.

Una de las características más relevantes de la sociedad chilena antes de la dictadura, fue el alto nivel de desarrollo y legitimidad alcanzada por las organizaciones populares. La dictadura primero, mediante el uso del terrorismo de Estado, y después la enclenque democracia que la sucedió, han debilitado estas organizaciones, generando una inaceptable asimetría de poder entre una frágil sociedad civil y los poderes fácticos. Esta situación se mantiene hasta la fecha, afectando a todo el tejido social, incluidos los partidos políticos.

La ideología neoliberal funcional al actual capitalismo globalizado, promueve el debilitamiento del Estado y la desarticulación social, exaltando el individualismo, la falta de solidaridad, la apatía y la despolitización. También impulsa el fortalecimiento de los monopolios, la concentración de la riqueza en pocas manos y la entrega casi gratis de nuestras riquezas naturales a transnacionales extranjeras. Esta situación ha sido caldo de cultivo del pragmatismo, la banalidad de los medios de comunicación y el discurso demagógico de las fuerzas reaccionarias, muchos de cuyos argumentos son asumidos de manera acrítica por algunos que se dicen socialistas.

Corresponde levantar un proyecto que sintonice con las necesidades e intereses del pueblo, en una propuesta que concilie nuestra lucha en favor de la igualdad con una efectiva articulación de las organizaciones sociales y populares. Nuestro convencimiento es que sólo fortaleciendo al tejido social vamos a poder iniciar procesos de cambio del actual modelo neoliberal dominante en nuestra sociedad. Lo que está en el centro del debate es cómo redistribuimos ingreso, como erradicamos los focos de pobreza, la delincuencia juvenil, la drogadicción, la violencia, las múltiples formas de discriminación y exclusión. Las oportunidades de quien creció en buen barrio y aquel que lo hizo en un sector pobre son desiguales y ello explica en gran medida la  escasa participación juvenil en los asuntos de interés político y social.

Queremos establecer relaciones privilegiadas con quienes estén dispuestos a desafiar el actual orden neoliberal, con un programa de transformaciones económicas y sociales que debe afincarse en el pueblo y vincularse de manera directa con la campaña de nuestra candidata presidencial, Michelle Bachelet.

Las próximas elecciones deben servir para ofrecerle al país una nueva estrategia de desarrollo económico y social, que privilegie a la mayoría nacional por sobre los intereses de los grandes negocios, apunte al fortalecimiento de las instituciones democráticas y amplíe las libertades con el protagonismo de los ciudadanos. Por esta razón, reafirmamos la urgencia de enfrentar la concentración de la riqueza y las desigualdades, que son las promotoras de la violencia, la drogadicción y la desesperanza. Pero el programa es insuficiente si no existe real voluntad de implementarlo.  La brecha entre lo que se ha dicho y lo que se ha hecho en estos 15 años de Concertación es demasiado grande y esta es una de las razones de la desafección ciudadana y muy especialmente del estancamiento electoral del Partido Socialista.

La derecha ha sido derrotada en la última elección municipal; el partido elevó el número de sus alcaldes y concejales; tenemos una candidata que despierta la aceptación mayoritaria de la ciudadanía; pero también tenemos que señalar el que la Concertación y el PS bajaron su votación; crece el número de los no inscritos; aumenta la abstención, los sufragios blancos y nulos y que parte del descontento se ha desplazado hacia el pacto Juntos Podemos.

La actual disputa presidencial estará centrada en los contenidos programáticos y en la capacidad de responder a las preocupaciones de la mayoría y la derecha ya ha comenzado a tomar de manera demagógica las banderas de la justicia social y de una mejor distribución de la riqueza, además de sus planteamientos ya conocidos acerca de la inseguridad ciudadana y la corrupción.

No es posible eludir los contenidos programáticos tanto en las primarias como en la disputa presidencial y este debe ser uno de los aspectos que marque la diferencia entre Michelle Bachelet y los otros candidatos o candidatas, para responder a las preocupaciones de la mayoría de la población.

Otra cuestión no menor a considerar es que para cumplir su programa el nuevo gobierno necesitará una amplia mayoría en el Congreso, lo que significa disponer de candidatos y candidatas con perfiles muy bien definidos de apoyo a las propuestas de cambio, para asegurar una numerosa representación en el Poder Legislativo- El mecanismo de primarias debería usarse también cuando exista más de un postulante a un cupo parlamentario del partido.

3. Autoritarismo, desafección política y participación ciudadana

El sistema político heredado de la dictadura, y consagrado en la Constitución del 80, ha reducido los espacios de participación de las personas y organizaciones, limita su capacidad de representación e impide que sus demandas puedan transformarse en opciones alternativas al modelo dominante. Por esta razón, optamos de manera decidida por la fórmula de inscripción automática en los registros electorales y el voto voluntario.

La Constitución Política se gestó de forma antidemocrática y sus conceptos fundamentales representan los intereses políticos, sociales y económicos de la oligarquía. Es indispensable iniciar procesos que permitan concretar los acuerdos del Congreso de Concepción, iniciando el debate para elaborar una Nueva Constitución, que termine con el sistema electoral binominal, garantice la plena soberanía popular, las libertades individuales y ciudadanas, los derechos humanos, un medioambiente descontaminado, la igualdad plena de oportunidades para las personas y  el rescate del Estado como conductor de la actividad económica.

La representación de los excluidos y afectados por el sistema social se torna más difícil con la pérdida de credibilidad en los poderes del Estado, el descrédito de los partidos políticos y con una creciente masa ciudadana que no se inscribe en los registros electorales, que se abstiene o que vota nulo o blanco. Esta realidad se manifestó en las elecciones municipales de octubre de 2004, siendo lo más preocupante la ausencia de los jóvenes.

Es indispensable también aprobar una legislación que garantice los derechos ciudadanos de los chilenos que residen en el exterior, al menos en dos aspectos fundamentales: voto en elecciones presidenciales y en eventuales plebiscitos y, la posibilidad de gozar de doble nacionalidad de ellos y de sus hijos nacidos en el exterior, en relación con sus países de acogida.

Proponemos:

* Un nuevo orden constitucional, que tenga como eje los derechos humanos; asegure la representación proporcional de las minorías; termine con el excesivo presidencialismo; otorgue iniciativa parlamentaria en la gestación de las leyes; posibilite iniciativas de la sociedad civil; garantice los derechos de los chilenos que residen en el exterior elimine todo rasgo de discriminación hacia las mujeres, los jóvenes, las minorías sexuales, los pueblos originarios y otros sectores excluidos; y, que garantice una clara subordinación total de las Fuerzas Armadas a las instituciones democráticas, y que establezca el plebiscito, como forma de ejercicio de los derechos ciudadanos en los temas relevantes para la vida social.

* Crear un movimiento cívico, destinado a difundir entre los no inscritos la importancia  del sufragio como arma política contra la injusticia y a favor de lograr una democracia efectiva, que abra "las grandes alamedas" a las que se refirió el Presidente Allende en su lúcido discurso de despedida.  

* El cambio del sistema electoral binominal por uno proporcional, para alcanzar mayor equilibrio de representación entre mayorías y minorías.

4. La estrategia de desarrollo vigente promueve las desigualdades

La estrategia neoliberal ha conducido a una alta concentración de la riqueza en una minoría, que se apropia de la mayor parte de los frutos del crecimiento y del ingreso nacional. El esfuerzo cotidiano de asalariados, pequeños empresarios y capas medias, choca con la infranqueable muralla del gran capital nacional y extranjero.

Los factores que explican la tendencia a la concentración y a la mala distribución del ingreso son:

a) Un Estado pasivo, que no orienta el desarrollo y que ha depositado su confianza en la espontaneidad del mercado, para que éste determine el crecimiento, la distribución de la riqueza y el equilibrio medioambiental.

b) Una estructura económica dominada por la producción y exportación de recursos naturales, sin valor agregado, que no genera suficientes fuentes de empleo, que favorece a las grandes empresas nacionales y extranjeras,  que depreda  las riquezas básicas y no respeta el cuidado del medio ambiente.

c) Una apertura indiscriminada hacia el mercado externo, que ha acrecentado la competencia internacional por la disminución de los aranceles. Sin medidas compensatorias en favor de la industria interna, se ha acentuado la heterogeneidad estructural, con un área de avanzada tecnológica, volcada hacia el mercado mundial, mientras subsiste un amplio sector atrasado centrado en el mercado interno, con micro y pequeñas empresas crecientemente debilitadas.

d) Una política macroeconómica, con reglas autónomas y automáticas, que ha eliminado todo elemento discrecional en las políticas públicas, salvo aquellos que fortalezcan al capitalismo. Un Banco Central "independiente", cero déficit fiscal (o superávit estructural), la apertura de la cuenta de capitales y la reducción de aranceles, se constituyen en los paradigmas para alcanzar "eficiencia económica" y abrir espacios sin control y de acción indiscriminada a los operadores privados. Con ello se busca independizar de modo permanente la economía de toda política progresista, mediante el argumento de la "neutralidad", permitiendo así a las fuerzas del mercado la exclusiva responsabilidad del crecimiento del país, pero favoreciendo en la práctica los intereses transnacionales, vinculados al sector más agresivo de la economía capitalista.

e) Una política social que se ha limitado a focalizar los recursos públicos en los sectores de extrema pobreza, terminando con las políticas sociales de universalidad y solidaridad. Al mismo tiempo, abrió espacio para que el sector empresarial extienda sus negocios hacia el área social. Han nacido así los sistemas privados de salud y previsión y se multiplican los establecimientos educacionales privados destinados a los hijos de las familias de altos ingresos; realizando el Estado una oferta de menor calidad de estos servicios, dirigida a los grupos de bajos ingresos. Este diseño, establecido en la Constitución de 1980, ha continuado invariable bajo los tres gobiernos de la Concertación.

Por otra parte, la política laboral intenta, a como dé lugar, continuar flexibilizando el mercado del trabajo para disminuir a cualquier costo el precio directo e indirecto de la fuerza laboral, pretendiendo favorecer así la posición competitiva de las empresas exportadoras en el mercado internacional, en circunstancias que todos los análisis demuestran que la competitividad económica de los países se definirá en el futuro por la capacidad de añadir inteligencia y calidad a sus productos y servicios..

La actual estrategia económica vigente no se diferencia en lo esencial de la existente con la dictadura. Aunque existen algunos matices, el patrón productivo se ha conservado en lo esencial. Es cierto que ha habido mayores recursos para la reducción de la pobreza, pero se ha profundizado la concentración de la riqueza y la mala distribución del ingreso originada durante el régimen militar.

Después de 15 años de crecimiento dinámico, a partir de la mitad de 1998 el patrón productivo-exportador ha encontrado serios límites de naturaleza estructural, para continuar con el crecimiento y sobre todo para generar empleo. Todo parece indicar que las bases del crecimiento se han debilitado más allá de las consecuencias coyunturales de la crisis internacional.

5.- Enfrentar las desigualdades económicas y sociales

Recuperar el crecimiento, aumentar el empleo y reducir las desigualdades obliga a  replantearse la estrategia de desarrollo. Los márgenes de maniobra para construirla dentro del actual patrón productivo son muy estrechos por varias razones: la hegemonía de la ideología neoliberal está instalada no sólo en la derecha sino también en la Concertación; la estrecha articulación de las elites dominantes con el gran capital internacional; la existencia de una institucionalidad internacional que ha impuesto a los países subdesarrollados, sin mediaciones, los conceptos tales como: apertura unilateral, Estado mínimo, privatizaciones, "macroeconomía automática", desregulación laboral y desprotección social. Adicionalmente la Constitución del 80 restringe los márgenes de maniobra del sector público.

También está la inmensa debilidad de los sectores sociales subordinados más golpeados por la globalización y el patrón de desarrollo en curso, lo que se manifiesta en un  movimiento sindical desarticulado, y en pequeños y medianos empresarios en crisis permanente por la competencia externa.

No existe un destino manifiesto que obligue, en el actual entorno internacional y en el marco de una economía de mercado, a una estrategia única para avanzar por el camino del desarrollo a pesar de que los ejes conceptuales y prácticos del paradigma se han extendido por todo el mundo. Tampoco en los países industrializados existe una estrategia única de desarrollo. A pesar de la nueva realidad económica mundial hay diferencias entre la economía de bienestar de los países de Europa o del sistema japonés respecto a la economía liberal de los Estados Unidos que es la que marca la pauta en Chile. Distintas políticas sociales, formas de  regulación diferentes en los mercados de trabajo y sistemas impositivos diferenciados marcan la diferencia entre las diversas expresiones del capitalismo en el mundo.

La globalización y la economía mundial imponen más que nunca restricciones a las políticas nacionales. Sin embargo, siempre hay márgenes de maniobra para los cambios de la política pública. Ello requiere coraje, claridad estratégica, férrea voluntad de la autoridad y mucho liderazgo. Por ello decimos que aún en el difícil contexto actual, con un modelo de apertura, libre mercado y rol subsidiario del Estado, es posible implementar distintas estrategias de desarrollo y políticas alternativas al modelo imperante.   Veamos algunas.

a) Actividad productiva y valor agregado nacional.

Llama la atención que los gobiernos de la Concertación hayan dado estricta continuidad a la estrategia productiva-exportadora heredada, que fue tan cuestionada cuando el bloque democrático se encontraba en la oposición.

Como ha sido destacado el informe de la OCDE sobre Chile, las economías con una alta dependencia de los recursos naturales tienen una distribución del ingreso negativa y a mediano plazo ven afectado su crecimiento. Por otra parte, con bajas o medianas tasas de crecimiento no se difunden los beneficios a las pequeñas empresas. Y, finalmente, la exportación de recursos naturales es muy dependiente del comportamiento cíclico de la economía mundial.

Entonces, razones distributivas e incluso de dinamismo económico exigen la modificación del patrón productivo-exportador. Por tanto, proponemos impulsar una política deliberada de fomento a favor de nuevos sectores productivos y de servicios con mayor valor agregado nacional, en acuerdo con mundo empresarial y los trabajadores. Por cierto, el acento habrá que colocarlo en los pequeños y medianos empresarios, que son la fuente más importante de generación de empleos.

En este caso, la política de inserción internacional, que en el gobierno de Lagos comprometió al país con el mundo industrializado, deberá volver a su entorno natural, vale decir los países de América Latina. Por una parte, porque ellos son el mercado privilegiado para exportar bienes y servicios elaborados y también porque el estrechamiento de vínculos con los vecinos nos permitirá superar los graves conflictos políticos que han caracterizado nuestras relaciones diplomáticas en los últimos años.

El replanteamiento productivo a favor de líneas productivas y de servicio con mayor valor agregado nacional, unido a una política exterior con énfasis en los mercados latinoamericanos debiera generar más apropiadas articulaciones entre las exigencias de una economía abierta y las necesidades de la integración interna. Sólo así se logrará combinar los beneficios derivados del mercado mundial con la indispensable acumulación endógena, que exige un desarrollo económico menos heterogéneo productivamente y más equilibrado en lo social. También ello permitirá generar mayor empleo y de mejor calidad.

Para apuntar a este propósito resulta fundamental que el Estado promueva un vigoroso esfuerzo de innovación tecnológica en aquellos sectores capaces de aportar mayor valor agregado en la producción nacional.

Proponemos:

• Implementar una política nacional de desarrollo científico y tecnológico en el país, con la participación del gobierno, las universidades privadas y públicas, las empresas privadas y las fuerzas armadas. Esto significaría pasar desde 0.5% a 1.3% el gasto en investigación y desarrollo.

• Una política económica de responsabilidad fiscal, pero activa para el fomento de las nuevas actividades productivas y exportadoras.  

• Modificar la regla del superávit estructural, que ya no se justifica para dar tranquilidad a los agentes económicos y limita al Estado utilizar los mayores recursos con que cuenta actualmente.

b) Empleo, micro y pequeñas empresas

Las micro y pequeñas empresas pueden desempeñar un papel mucho más activo en una nueva estrategia de desarrollo, con mejor inserción internacional y mayor potencial de acumulación endógena. Un decidido apoyo crediticio y tecnológico del Estado, y las posibilidades que ofrecen los sistemas modernos de información y de comunicaciones; debieran facilitar a las pequeñas empresas un aumento sustantivo de la productividad, un acceso inédito al mercado, a los clientes y a los proveedores, para posicionarse con mayores oportunidades en la economía nacional e internacional. La modernización de las pequeñas empresas ayudará al mismo tiempo, a resolver la crítica situación de desempleo  y de subempleo que vive nuestro país.

Proponemos:

• El Banco del Estado debe reorientar su rol, colocando en el centro de su atención a los micro y pequeños empresarios con tasas de interés similares a las que ofrece a grandes empresas, convirtiéndose así en el principal sustento financiero de la micro y pequeña empresa. 

• El Estado debe conceder un período de gracia de 3-4 años para el pago del impuesto de 1ª categoría y patentes, además de apoyar con asesoría en el desarrollo de proyectos a los pequeños empresarios.

• El Estado deberá destinar al menos un 50% del presupuesto que dispone para compras o contrataciones a terceros, para adquirir bienes y servicios de las micro y pequeñas empresas. 

• Unificar todos los programas de apoyo a las pequeñas empresas (Fosis, Corfo, Sercotec, INDAP y otros) en una sola instancia pública, con el objeto de hacer más efectivo el apoyo a las micro y pequeñas empresas. 

• Modificar la ley orgánica de Municipalidades, con el objeto que puedan constituir corporaciones de desarrollo productivo para fomentar la creación y apoyo de pequeñas empresas en sus espacios territoriales. 

• Autorizar a los municipios para que dispongan de una ventanilla única que atienda autorizaciones sanitarias, de medio ambiente, asuntos impositivos, permisos y registros que toda empresa requiere para instalarse.  

c)  Educación igualitaria y de excelencia

La generación de más y mejores empleos, con el consecuente mejoramiento de la productividad y de los salarios requiere una fuerza de trabajo más calificada. Debemos replantearnos el rol del Estado en materia educacional y dotar al sector público de los medios necesarios para reponer la educación gratuita como eje central del sistema y base del nuevo modelo de desarrollo educativo y cultural.

La mala calidad de la educación chilena tiene que ver con el desigual acceso a ésta. Mientras el gasto promedio por alumno en colegios privados es US $ 2.772 anual; el que realiza el Estado en colegios públicos y privados subvencionados, apenas alcanza a US $ 600 al año. Ello explica la amplia brecha en los resultados de las pruebas SIMCE y PSU entre los colegios privados y municipalizados.

Persiste también una baja cobertura en la educación preescolar, que limita las oportunidades de los padres para buscar trabajo y mejorar así el ingreso familiar y, sobre todo, porque la formación cognitiva de los individuos es decisiva desde su nacimiento hasta los 5 años de edad. A este factor se agregan las malas condiciones de vida de los sectores de bajos ingresos y el hecho que en las escuelas municipales sólo un 40% de los niños recibe colaciones por parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB).

También ha sido evidente la dificultad de los jóvenes pobres para financiar sus estudios superiores, tanto por insuficiencia de los programas de becas como por no ser sujetos de crédito según la lógica que rige a la banca. La educación superior debe adecuarse, además, a las necesidades actuales de la sociedad, procurando acercar su oferta académica y sus orientaciones estratégicas a las necesidades de desarrollo profesional, científico y tecnológico que demanda el país.

Proponemos:

 

* Duplicar, de aquí al año 2010, la unidad de subvención educacional, discriminando en favor de aquellas escuelas y liceos que cuentan con alumnos de mayor vulnerabilidad social. 

 * Elevar al 2010, la cobertura de las colaciones que entrega JUNAEB a todas las escuelas municipalizadas del país.

 * Replantear el pago de las subvenciones a las municipalidades sobre la base de las matrículas y no de las asistencias. Casi siempre las ausencias de los alumnos a la escuela de los sectores de bajos ingresos obedecen a razones médicas ocasionadas por la contaminación ambiental o enfermedades respiratorias. 

* Otorgar becas de escolaridad, adicionales, para cursar estudios de educación superior en el nivel de técnicos de nivel superior, a todos aquellos alumnos provenientes de familias de los dos quintiles de más bajos ingresos del país que hayan demostrado aptitud y competencia. 

* Fortalecer las universidades del Estado, elevando el actual 18% de promedio de subvención fiscal, al 60%, reglamentando y controlando de modo riguroso el uso de los recursos fiscales, a través de presupuestos por programas.

* Triplicar el presupuesto destinado a la educación preescolar en 6 años. De esta forma, el universo atendido pasaría de 30 % al 100% en el 2010. 

* Eliminar el IVA a los libros, diarios y revistas, a fin de estimular la lectura y  favorecer el acceso a la información y la cultura de los sectores de ingresos medios y bajos.

* Aumentar la capacidad de fiscalización del Estado, sobre la calidad entregada por los diferentes establecimientos educacionales públicos, subvencionados o privados.

* Duplicar en los próximos cinco año los recursos que destina el Estado para financiar sus políticas de fomento del arte y la cultura.

 d) Salud integral para todos

Una educación de calidad independiente de las condiciones de ingreso de las familias deberá estar acompañada por un sistema de salud que entregue prevención y garantía de enfermedades con tratamiento igualitario para todos los chilenos.

Debemos apuntar a la conformación de un Sistema de Salud Pública solidario, moderno, equitativo, oportuno y de calidad; con énfasis en la prevención; guiado por el concepto de la salud como derecho, que sea financiado y gestionado desde el Estado, con una fuerte regulación de la actividad del sector privado.

La reforma en curso no modifica la estructura básica del sector, reservando las Isapres para personas de ingresos medios altos y la salud pública para el resto. Así se mantiene la brecha en la calidad y oportunidad de la atención, que es preciso reducir con una mayor y mejor asignación de recursos al sistema público.

Proponemos:

* Aumentar al 2010 en un 100% el gasto en los consultorios de atención primaria.

* Mejorar la eficiencia y asignación de recursos a los hospitales públicos, con una gestión orientada a resultados, de tal forma que el financiamiento se asigne en función de una negociación anual de metas y de los recursos necesarios para llevarlas a cabo. 

* Impulsar una mayor regulación y control sobre el sistema de Isapres, para erradicar prácticas abusivas que subsisten en el aumento de los precios de los planes a simple voluntad de las aseguradoras.

* Prohibir por ley los tratamientos discriminatorios en contra de las personas consideradas en situación de riesgo, especialmente mujeres en edad fértil y adultos mayores.

* Implementar una política de "tolerancia cero" con el hambre, garantizando que todos los chilenos reciban los nutrientes necesarios para su supervivencia.

e) Fortalecimiento de los derechos laborales  

Propugnamos una legislación que fortalezca los derechos laborales y sindicales, relaciones más participativas y condiciones más justas, que protejan a los trabajadores temporales, profesionales jóvenes y mujeres jefas de hogar que prestan servicios contra proyectos, descartando toda forma de flexibilización laboral que atente contra las conquistas de los trabajadores.

En Chile apenas un 15% de los asalariados ejerce su derecho a sindicalizarse y un 10% a negociar colectivamente, a pesar de que ambos derechos están consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por el país. Todos los informes de la OIT indican que el ejercicio de estos derechos es indispensable para conseguir mejorar la distribución del ingreso.

Proponemos:

* Poner en marcha iniciativas del Estado que ayuden a que al 2010 se encuentren sindicalizados, según ramas de la producción, al menos un 50% de los trabajadores con derecho a hacerlo.  

* Aumentar las sanciones y multas a los empleadores que realizan prácticas anti-sindicales, y considerar sanción penal a los reincidentes en dichas prácticas. 

* Modificar la ley laboral para favorecer la negociación colectiva por rama de producción o de sindicatos inter-empresa, para fortalecer la capacidad negociadora de los trabajadores e impedir que los empleadores contraten reemplazantes cuando se ejercen el derecho legal a huelga.

* Aumentar el salario mínimo en dos puntos porcentuales anuales sobre la tasa media de crecimiento anual (que se ha estimado en 5%). Esto llevaría el salario mínimo, el año 2010 en valores actuales, a $ 180.000 mensuales.

* Aumentar la cantidad y calidad de los fiscalizadores y modernizar la Dirección del Trabajo. 

* Que el Estado pueda efectuar adquisiciones sólo con empresas que se encuentren al día en el pago de sus cotizaciones previsionales y que no hayan sido objeto de sanciones por incumplimiento laboral. 

* Perfeccionar la legislación para que la empresa matriz se haga responsable del cumplimiento de las normas laborales cuando la contratación se externaliza a través de empresas proveedoras o contratistas.

* Destinar US $ 180 millones a pagar el daño previsional que afecta a los empleados públicos.

f) Previsión social mirando al futuro

Se requiere un cambio drástico del sistema provisional. En las actuales condiciones, más del 50% de los futuros jubilados recibirán una pensión mínima o subsidiada por el Estado, gracias a un sistema injusto, que obedece a una lógica empresarial antes que social.

Cerca de 700 mil personas reciben pensiones de vejez, montepíos, invalidez, antigüedad y orfandad inferiores al salario mínimo; 372.711 ancianos, que no cotizaron, reciben pensiones asistenciales de $ 40.000 y 450.000 personas carecen de pensión asistencial.

Las seis AFP existentes actúan coordinadas a partir de 1998, mantienen las mismas participaciones en el mercado y cobran comisiones similares, con una rentabilidad de 30 % sobre patrimonio en los últimos años, cifra muy superior a las que exhiben las empresas de otros sectores de la economía.

Proponemos:

* Que el INP constituya una AFP pública para entregar competitividad y transparencia al mercado, disminuyendo costos y comisiones de administración de los fondos. Esto es posible ya que al INP sólo se le exige autofinanciamiento y no tendría el costo adicional de modernos edificios, excesivos gastos de ventas y elevados salarios de los ejecutivos que han caracterizado al sector privado. 

* Modificar las leyes que regulan el sistema, para hacer posible la negociación individual y grupal respecto de las comisiones que cobran las AFP y, en el caso de los salarios inferiores a dos sueldos mínimos, proceder a una licitación pública en la que el Estado asigne la administración de los fondos a quiénes ofrezcan las comisiones más bajas y mejor atención.

* Modificar las leyes que rigen a las AFP, para que los afiliados participen en la administración y que la Superintendencia respectiva pueda fiscalizar los emolumentos de los miembros de los directorios, los ejecutivos y se transparenten las operaciones que realizan. 

* Que el Estado y los empleadores se hagan cargo, por partes iguales, de las cotizaciones de los trabajadores temporales en los períodos en que estos se encuentren inactivos, vale le decir, en promedio 6 meses al año. Esta medida beneficiaría a 400.000 personas.

* Que a 2010 se igualen las pensiones de jubilación, vejez, invalidez, viudez y orfandad al salario mínimo.

* Elevar hacia el 2010 en un 75% las pensiones asistenciales y otorgarlas de manera automática a las mujeres de 60 años y a los hombres de 65, que cumplan con los requisitos de no tener otro ingreso y formar parte del segmento pobre de la población.

* Reajustar las pensiones en el mismo porcentaje anual que experimenta el crecimiento del PIB. 

g) Profundizar el desarrollo regional

Los esfuerzos de descentralización y para promover el equilibrio entre las distintas regiones requieren de más inversión privada y de recursos públicos que vayan más allá del accionar inercial de la política presupuestaria.

Además es necesaria una reestructuración geográfica de los procesos productivos que permita un desarrollo espacial equilibrado del país y no sólo una descentralización administrativa que sea la mera distribución de una parte del poder de las elites centrales a las regionales.

Proponemos:

* Fortalecer planes de desarrollo regional armónico y sustentable, poniendo énfasis en los focos de menor desarrollo relativo y en las particularidades de cada región.

* Que las regiones participen en igualdad de condiciones en la postulación al fondo para proyectos de desarrollo que se originen a partir del royalty a la minería.

* Que el proceso de descentralización se profundice sobre la base de un gran acuerdo nacional de desarrollo espacial equilibrado del país, que involucre al Estado y la sociedad civil.

* Avanzar hacia un gradual traspaso de recursos y decisiones hacia gobiernos regionales con mayor autonomía, en la perspectiva de que los Consejos Regionales (Cores) sean electos de manera directa por el voto popular.

* Acabar con los altos cargos públicos provistos desde Santiago y exigir que los parlamentarios residan en el distrito o circunscripción que representan.

h) Vivienda, calidad de vida urbana y desarrollo local

Con el apoyo del gobierno central, los gobiernos regionales y municipales deben articular políticas de desarrollo urbano y territorial con énfasis en factores críticos como la calidad habitacional, el acceso a servicios y espacios públicos, la integración socio-espacial, la protección del patrimonio cultural, y una legislación de rentas municipales, modificada, que permita mejorar la equidad del sistema.

Proponemos:

* Actualizar la legislación, en la perspectiva de establecer una nueva política nacional de vivienda y urbanismo.

* Afianzar el rol del Estado en el financiamiento de la vivienda social y suprimir el traspaso de la cartera de deudores del Serviu a la banca privada.

* Incorporar de manera activa a los habitantes en el mejoramiento de la calidad de vida de las ciudades, en actividades tales como manejo de basuras, tamaño de las urbes, contaminación, transporte, congestión y calidad de la vivienda social. 

* Planear del desarrollo regional, de modo que la localización espacial de las actividades productivas y de servicios posibilite un desarrollo económico y poblacional equilibrado del país, con vías de comunicaciones y transporte regional e interregional funcionales a esta localización de actividades.

* Intensificar la construcción  de plantas de tratamiento de aguas servidas y de colectores de aguas lluvias en las ciudades y centros poblados que carezcan de ellos.

* Impedir la ampliación de los radios urbanos hasta que se no se agoten las posibilidades de crecimiento hacia el interior.

i) Medio ambiente y calidad de vida

La problemática ambiental se vincula a temas tan vitales como la justicia social, la estructura económica, el rol del Estado y el orden político-económico internacional. En la ciudad y su entorno se advierte el fuerte vínculo entre condiciones ambientales y desigualdades sociales, que quedan en evidencia al revisar la gran cantidad de conflictos protagonizados por comunidades, pertenecientes a las clases populares o medias, cuya salud o calidad de vida se ve impactada negativamente por proyectos industriales, basurales, rellenos sanitarios, aeropuertos, autopistas, o por catástrofes naturales, como inundaciones,  aluviones o sequías.

La relación entre injusticia social y deterioro del medioambiente está fuertemente condicionada por el modelo de desarrollo urbano que prevalece, caracterizado por la segregación socio-espacial, una creciente desregulación de los usos del suelo que favorece la especulación inmobiliaria y cada vez menor intervención estatal directa en infraestructura pública en vivienda, vialidad, transporte o espacios comunitarios..

Más allá de las medidas para regular y reducir las emisiones contaminantes de las fuentes fijas y móviles en la ciudad, es importante impulsar políticas serias para la integración social, la planificación territorial (considerando suelo urbano y entorno rural), el mejoramiento de los estándares de la vivienda social (en términos de su constructividad, localización, espacios públicos y servicios) y el transporte público (red de servicios, vialidad e infraestructura dedicada).

La estrategia de desarrollo ha consolidado a Chile como explotador y exportador de recursos naturales con escaso valor agregado. Más allá de los impactos económicos y sociales directos que esto genera -profundizados por los tratados de libre comercio-, representa una fuerte carga ambiental, derivada de la sobreexplotación de recursos no renovables o especies en peligro de extinción, el deterioro o destrucción de ecosistemas de gran valor biológico o cultural.

Buscamos fortalecer las políticas y la institucionalidad del Estado en materia de protección y conservación de recursos naturales, ecosistemas y biodiversidad. Insistimos en la necesidad de gravar la extracción de recursos no renovables, impulsar la explotación sustentable del bosque nativo e impedir su reemplazo por especies exóticas y, promover actividades económicas que agreguen valor a la producción de las comunidades locales. Se hace necesaria una autoridad ambiental autónoma que juegue en este ámbito el mismo rol que tiene el Banco Central en el campo económico.

El Estado y los inversionistas privados deben garantizar un modelo económico y social, basado en políticas de protección del medio ambiente, respeto por los ecosistemas y la biodiversidad, así como de uso racional y sustentable de los recursos naturales y energéticos.

Proponemos:

* Establecer una Autoridad Ambiental Autónoma e independiente del gobierno, que vele por el cumplimiento de la normativa ambiental en los procesos productivos o de cualquiera otra naturaleza.

* Realizar una explotación racional de los recursos naturales, de preferencia los no renovables, entregados hoy en su gran mayoría a la depredación del capital privado nacional e internacional.

* Una nueva legislación ambiental, que garantice un desarrollo económico sustentable.

* Reducir las emisiones de partículas contaminantes de fuentes fijas y móviles en un plazo de 10 años.

* Establecer en todo el país plantas de reciclaje de desechos domésticos e industriales financiadas directa o indirectamente por el Estado mediante bonos ambientales. 

* Diversificación de nuestra matriz energética, incorporando fuentes renovables y ambientalmente, tales como la eólica, solar o geotérmica. 

* Incentivar en forma efectiva el ahorro de energía en las faenas productivas y domicilios particulares.

* Frenar el crecimiento inorgánico y la concentración demográfica de la capital, con medidas que estimulen la migración hacia centros poblados alejados de la metrópoli; cuya habitabilidad debiera mejorarse con infraestructura urbana de calidad y estímulos materiales hacia las empresas y  la población emigrante. 

5. Pleno respeto a los pueblos originarios

Reconocemos el carácter multiétnico y pluricultural  de nuestra nación, apoyamos el desarrollo de los pueblos originarios, solidarizamos con sus reivindicaciones, derechos y formas de organización, mediante políticas que sean fruto de la interacción de sus propios representantes. El estado debe garantizar la preservación y fortalecimiento de sus culturas, lenguas y derechos ancestrales a la tierra.

Proponemos:

* Reconocimiento constitucional a los pueblos originarios.

* Recursos adicionales al incremento presupuestario inercial para aumentar la compra de tierras, la construcción de centros culturales y el fomento a la pequeña actividad comercial de pequeños productores indígenas.

* Enseñanza obligatoria en el sistema escolar chileno de las culturas y lenguas mapuche, aimará, rapa nui y de otros pueblos originarias en todos los establecimientos educacionales del país, de preferencias aquellos situados en los territorios habitados por estos pueblos.

6. Término de las discriminaciones de género

Buscamos la integración real de mujeres y hombres en todos los espacios de la vida pública del país. Aspiramos a una sociedad más humana, justa e inclusiva que no se hará realidad sin superar las actuales desigualdades que sufren las mujeres de nuestro país.

Proponemos:

* Políticas de Estado para hacer visible la contribución de la mujer en la vida social y el trabajo, sea doméstico o comunitario.

* Terminar con las diferencias de sueldo que afectan a la mujer en condiciones de igual competencia con el hombre para ejercer una profesión u oficio.

* Acciones para incrementar las oportunidades de las mujeres pobres, de cualquier edad.

* Estimular la participación de las mujeres en espacios de poder, poniendo fin a cualquier traba existente para que las personas ejerzan derechos y libertades en razón su sexo u opción sexual. 

7. Defensa de los consumidores

Proponemos fortalecer las atribuciones de las asociaciones de consumidores y aumentar los recursos para que el SERNAC tenga una dotación de personal que le permita cumplir sus tareas. Entre supermercados o grandes almacenes y sus abastecedores debe establecerse un protocolo público, que especifique plazos para los pagos, quién se hace responsable de la publicidad y de regular otros asuntos que afectan a los pequeños proveedores.

Para controlar las arbitrariedades de las empresas de servicios públicos no basta con regular tarifas. Cuando existan discrepancias en las cuentas, el peso de la prueba debe radicarse en las empresas y no en los usuarios.

Se ha hecho evidente la existencia de acuerdos de precios oligopólicos en el negocio farmacéutico así como las altas tasas de interés por la utilización de tarjetas de crédito de los grandes almacenes comerciales. Los consumidores se ven forzados a aceptar crédito a alto precio, mientras los enfermos deben endeudarse para atender necesidades básicas de salud.

Las personas observan cifras inexplicables en las cuentas de luz, agua, teléfono u otros servicios básicos y las empresas responsabilizan al cliente, que debe hacer largas filas, gastar tiempo y dinero para explicar que ha sido víctima de algún error o engaño. Las cuentas de gas natural importado están sujetas a altas variaciones derivadas de factores externos; las empresas de electricidad calculan las tarifas de manera que siempre pierde el consumidor y las sanitarias cargan a sus clientes el costo de las obras de infraestructura que están realizando para su propio beneficio.

Las grandes casas comerciales y supermercados fijan precios arbitrarios  y  pagos diferidos a agricultores y otros proveedores de menor poder económico, y  el pequeño productor no recibe un pago justo por lo que vende.

Proponemos:

* Fortalecer las atribuciones de las asociaciones de consumidores y aumentar los recursos, para que el SERNAC tenga una dotación suficiente de personal que le permita cumplir con sus responsabilidades.

* En las relaciones contractuales entre supermercados o almacenes comerciales y sus abastecedores debe establecerse un protocolo público que especifique plazos para los pagos y que precise quién se hace responsable de la publicidad de los productos, así como de regular otros asuntos que afectan a los pequeños empresarios que proveen a supermercados y grandes tiendas. 

* Dotar al SERNAC de las atribuciones para controlar de las arbitrariedades de las empresas de servicios públicos. La regulación de tarifas no basta, un organismo público debe dirimir las discrepancias entre el cliente y las empresas, obligando a que el peso de la prueba  se radique en éstas y no en los usuarios. 

* Dar suma urgencia a la iniciativa de ley que crea el Defensor del Ciudadano, organismo autónomo encargado de velar por la promoción y resguardo de los derechos fundamentales de todos los habitantes del territorio. El proyecto sigue en la Cámara de Diputados, donde se volvió a presentar en diciembre de 2003, tal como ocurrió durante las administraciones de Aylwin y Frei.

* Transparentar las boletas de los servicios públicos, que debieran ser tan claras para el consumidor como una cuenta de supermercado.

8. Seguridad ciudadana y delincuencia

El aumento de la delincuencia es otro fruto de la desigualdad. La primera tentación es enfrentar el problema con represión, aumento de penas, tipificación de nuevos delitos o construcción de recintos penitenciarios.

Pensamos que el país debe tener un eficiente sistema de información estadística georeferencial, que entregue datos fidedignos sobre la frecuencia de la comisión de delitos, para diseñar políticas de prevención. Esta prevención debe orientarse hacia los sectores más vulnerables, con especial atención sobre las redes de narcotráfico y focos críticos, como colegios u otros espacios públicos.

Proponemos:

* Traspaso de Carabineros desde el Ministerio de Defensa al de Interior.

* Reconversión de Investigaciones en una policía judicial que realice su labor bajo la tuición del Ministerio Público con ampliación de su planta funcionaria y recursos.

* Revisión de los tres programas actuales de seguridad: Plan Cuadrante, Comuna Segura y Barrio Vulnerable, con la activa participación de la comunidad.

* Rediseño de la Justicia de Policía Local y establecimiento de un amplio programa de mediación de conflictos.

* Definir al menos cuatro áreas prioritarias de combate al crimen organizado: narcotráfico y lavado de dinero; falsificación; hurto; pornografía infantil y pedofilia.

* Diseñar un plan nacional de rehabilitación y reinserción social, encargado a equipos de trabajos multidisciplinarios especializados.

* Invertir en la construcción y remodelación de cárceles, para separar a los internos de acuerdo a sus características individuales.

9. Verdad, justicia y reparación

No basta con la verdad y la justicia para resolver las violaciones a los derechos humanos. También se requiere de una reparación justa y proporcional al daño causado. El Informe Sobre Prisión Política y Tortura constituye un avance en la línea de la verdad, pero todos sabemos que los 36 mil casos que aparecen en el informe  registran apenas una parte de lo ocurrido y que todavía sigue pendiente parte de la verdad, hacer justicia y lograr reparaciones justas a las víctimas.

Proponemos:

* Una Política Nacional de Derechos Humanos que amplíe el concepto a nuevos derechos, como los relativos a no ser discriminado por su condición étnica, origen social, género o edad; los relacionados con la dignidad en el trabajo o con una mejor calidad de vida, como son los vinculados a educación, salud, vivienda o medioambiente.

10. Recursos para enfrentar las desigualdades

Atacar la concentración de la riqueza y la mala distribución de ingreso requiere de fuerza social y voluntad política. Los principales grupos económicos no sólo controlan los núcleos productivos y exportadores, sino también manejan las AFP, las ISAPRES y las principales universidades privadas. Son dueños de los medios de comunicación escritos, sonoros y audiovisuales y la opinión pública es bombardeada por una línea informativa que reproduce majaderamente el pensamiento neoliberal.

La lucha en favor de un sistema económico más democrático, que ofrezca oportunidades similares a empresarios grandes y pequeños, a propietarios y asalariados, a ricos y pobres, no será fácil. Tampoco lo será establecer regulaciones que desafíen las posiciones monopólicas y monopsónicas, que atentan en contra de los consumidores, los pequeños productores y los clientes de los servicios básicos.

Aunque se ha instalado en el país la discusión en torno a la distribución del ingreso, a la hora de la verdad habrá resistencia a la hora de acordar las medidas y obtener los recursos necesarios para actuar en favor de un sistema distributivo más ecuánime.

La alta concentración de la propiedad y el ingreso exigiría una modificación radical del sistema impositivo. Éste se caracteriza por cargar levemente a las empresas y por basar la mayor parte de la captación en el Impuesto al Valor Agregado, un tributo que afecta especialmente a los más pobres. Bajo tales condiciones los aportes tributarios son menos del 17% del PIB, cifra muy baja en relación a países de similar nivel de ingreso.

El actual ingreso fiscal actual impide adoptar medidas de redistribución; por esta razón necesitamos una reforma impositiva que establezca cargas sobre el patrimonio, aunque apuntar en esta dirección obligaría a una larga lucha política con resultados inciertos.

A pesar de la publicitada neutralidad de la política económica, nuestro sistema tributario tiene un conjunto de regímenes especiales, exenciones, deducciones, créditos, dilaciones y tasas reducidas de tributos, que se aplican tanto a los impuestos a la renta como al IVA. Para obtener recursos de corto plazo es necesaria una modificación de los tratamientos impositivos especiales del sistema chileno, acentuar el control de la evasión y la elusión tributaria.

Proponemos:

* Eliminar la franquicia que permite diferir el pago de impuestos por la vía de aplicar depreciación acelerada, para las grandes empresas.

* Suprimir el derecho a diferir impuestos por la vía de la amortización de activos intangibles.

* Eliminar el crédito especial a las empresas constructoras, que tienen derecho a imputar contra el IVA un crédito especial igual al 65% del impuesto debitado en sus ventas. Estos remanentes pueden ser imputados contra cualquier otro impuesto, o bien, cuando no hay impuestos se puede solicitar su devolución.

* Acentuar el control de la evasión y elusión tributarias, ya que todavía existe un margen para aumentar la captación impositiva por este medio.

* Establecer un royalty (regalía) a la extracción de cobre y otros minerales como molibdeno, oro o plata, en un porcentaje equivalente al promedio cobrado en otros países por similar recurso. Este porcentaje podrá disminuir en forma proporcional al grado de elaboración del recurso que hagan las empresas en Chile. Los fondos obtenidos debieran  destinarse a proyectos de desarrollo a los que las regiones puedan concursar en igualdad de condiciones.

12. Austeridad, probidad y transparencia fiscal.

Chile goza de prestigio internacional por los niveles de probidad con que se administra el Estado. Pero, si vamos a pedir una contribución mayor a las grandes empresas, por la vía de eliminar exenciones impositivas, es necesario extremar las medidas de austeridad, probidad y transparencia.

La elite política que administra el Estado debe dar una señal, considerando que la ciudadanía percibe que las altas autoridades públicas tienen rentas demasiado elevadas para el nivel de desarrollo del país. Por ejemplo, en Chile la relación entre la dieta parlamentaria y el salario mínimo es de 41 veces, mientras que en Inglaterra es de 6,5 veces; en España es de 12,2; en USA es de 15,6; en Costa Rica es de 14 veces.

Proponemos:

* Disminuir la dieta de senadores y diputados y las remuneraciones de ministros y subsecretarios, en un 20%.

* Bajar la brecha actualmente existente en la administración pública, entre el salario más alto y el más bajo, de 40 veces a 30 veces.

* Que todas las autoridades públicas efectúen una declaración pública ante notario de  los activos físicos y financieros que posean antes de asumir sus cargos e informar de sus cambios patrimoniales.

* Aumentar las facultades de la Contraloría General de la República para investigar y sancionar los actos de corrupción que afecten los recursos públicos.

Abril de 2005

Última actualización ( 08-10-2011 a las 14:38:51 )
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