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Portada arrow Socialistas arrow “Desarrollo Inclusivo y Sostenible. Dimensiones Económicas y Sociopolíticas”

“Desarrollo Inclusivo y Sostenible. Dimensiones Económicas y Sociopolíticas” PDF Imprimir Correo
Escrito por Isabel Allende Bussi   
11-10-2016 a las 03:15:21

 

MESA REDONDA

"Desarrollo Inclusivo y Sostenible. Dimensiones Económicas y Sociopolíticas"

FUNDACIÓN FRIEDRICH EBERT
INSTITUTO IGUALDAD

SENADORA ISABEL ALLENDE B.
PRESIDENTA PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE

Santiago, 6 de octubre de 2016

 

Agradezco a la Fundación Ebert y al Instituto Igualdad por esta convocatoria a debatir visiones e ideas acerca de cómo entendemos el país y de cómo ponemos en el centro de la reflexión y de la acción política al ser humano, en una perspectiva de justicia social, de igualdad y de libertad que serán siempre los valores inspiradores de los socialistas y de los progresistas.

Quisiera saludar a todos quienes hoy nos acompañan, amigas y amigos provenientes de espacios político-ideológicos que siendo diversos, comparten valores humanistas.

En este espacio de diálogo se simboliza lo que debiese ser el diálogo sobre un proyecto nacional, donde estemos todos convocados y nadie sobre.

Esta invitación la entiendo como una invitación abierta y plural, para intercambiar puntos de vista sin respuestas cerradas. Por lo mismo, nuestra disposición genuina es a escuchar y dialogar tal como la sociedad chilena demanda. No es tiempo de recetas sino de oír y construir en conjunto las respuestas.

Sin embargo, lo anterior no exime a quienes ejercemos roles de liderazgo de expresar nuestra visión de país, nuestras ideas y convicciones. Por eso quiero compartir con ustedes lo que nos parece son dilemas cruciales en nuestra sociedad, algunos de ellos contenidos en el documento "Hacia una Estrategia de Desarrollo Inclusivo y Sostenible" que ustedes conocen.

¿Cuál es el origen de este documento?

Con ocasión del último Congreso de los socialistas, solicité a un grupo de destacados militantes e independientes que iniciaran una reflexión estratégica sobre la sociedad chilena. Esa reflexión está recogida en este documento, en el que se formulan algunas preguntas y ensayan algunas respuestas, aunque claramente no constituye una visión programática acabada ni muchos menos un programa de gobierno.

El texto identifica dos grandes tensiones en el país, que surgen como limitaciones de nuestro modelo de desarrollo y que revelan grietas estructurales en nuestra sociedad y en nuestras instituciones. Grietas que si no somos capaces de abordarlas a tiempo, pueden generar una crisis de legitimidad con severas consecuencias para el país.

Me refiero, en primer lugar, a la persistente desigualdad que atraviesa todas las esferas de nuestra vida social: socioeconómica, de género, territorial. A pesar de los esfuerzos de los gobiernos progresistas por reducir estas enormes brechas y de los logros alcanzados en la reducción de la pobreza, tal como hemos visto con los datos de la encuesta CASEN del 2015 recién divulgada, la desigualdad se ha convertido en un escollo para la construcción de una sociedad cohesionada, donde los ciudadanos se sientan integrados y protegidos.

Parafraseando a ese gran humanista cristiano que fuera Jorge Ahumada, hoy no es "en vez de la miseria", sino "en vez de la desigualdad". No porque la pobreza haya desaparecido, y no porque no tengamos que seguir trabajando para eliminarla, sino porque la desigualdad también afecta a amplios sectores medios y termina por configurar sociedades con cimientos frágiles.

Quisiera agregar dos notas en este punto.

Primero, hay un discurso de la derecha, que insisten con majadería en que "hemos equivocado el diagnóstico" en este tema. Perdón, pero no somos nosotros quienes hemos hecho el diagnóstico sobre la desigualdad, sino que existe amplias coincidencias en la academia y en los organismos internacionales sobre lo que significa la desigualdad en nuestro país. Sería más honesto decir que no están de acuerdo con los instrumentos que usamos para enfrentarla -como la reforma educacional o la tributaria-, pero no pretender negar y ocultar esa realidad.

Segundo. Hay quienes han pretendido instalar un falso dilema entre optar por el crecimiento económico o luchar contra la pobreza y la desigualdad. Nada más falaz. El crecimiento económico es una condición necesaria pero insuficiente porque no basta para reducir la pobreza y menos aún la desigualdad. Los datos de la reciente CASEN demuestran efectivamente que, aun creciendo menos, la capacidad de nuestras políticas públicas ha permitido éxito en el avance contra la pobreza, pero lamentablemente no contra la desigualdad.
Habrá que perseverar en buscar una calidad de crecimiento que lo permita, asociado a un nuevo patrón de desarrollo. La derecha insiste que las políticas contra la desigualdad conspiran contra el crecimiento y que al decrecer también se empobrecen las personas. La evidencia muestra que no siempre el crecimiento ha logrado abordar estas grietas sociales y de allí el énfasis en una estrategia de desarrollo que articula nuevos desafíos productivos, sustentables, con empleos de calidad y protección social fundada en derechos.

Sin crecimiento no es posible financiar políticas sociales y sin mayor equidad no es posible hacer sostenible el crecimiento.

Si una primera tensión es la desigualdad, una segunda consiste en que el creciente protagonismo ciudadano y su exigencia de ser parte de las decisiones públicas, chocan con un sistema político profundamente dañado tanto por las malas prácticas que han sido denunciadas en los últimos dos años, como también por una lejanía de las instituciones respecto de los ciudadanos.

Hay aquí riesgos serios para nuestra salud democrática: por un lado, el peligro creciente del abstencionismo y, por otro, el de caer en las manos del populismo, donde la promesa fácil y sin sustento pretende reemplazar las propuestas sostenibles y de largo plazo.

Acompañan a estos fenómenos una sensación extendida de abusos, que van desde la colusión al "jubilazo" (las pensiones exorbitantes en Gendarmería).

Este cuadro de desigualdad, de distancia entre el sistema político y la ciudadanía, y de percepción de abuso, es una amenaza para nuestra convivencia social y debemos convertirlas en nuestro principal desafío.
No se trata sólo de una cuestión de justicia social o de ética política, que lo son, sino también de nuestra viabilidad como sociedad y su capacidad de constituirse en comunidad.

En el marco de lo anterior, surgen grandes interrogantes al momento de pensar nuestro futuro. Se trata, ciertamente de cómo, en el marco de un dialogo amplio como el que hoy tenemos, avanzamos conscientes de nuestras limitaciones como país de ingreso medio, con grandes brechas de productividad y con la carga fiscal que tenemos.

Nuestro modelo económico se basa esencialmente en la extracción de recursos naturales, y muestra hoy nuevamente serias limitaciones para alcanzar niveles de crecimiento sostenibles. El fin del superciclo de las materias primas nos ha golpeado fuertemente.

A lo anterior se añade un mercado del trabajo que mantiene niveles de precarización, bajos salarios, baja sindicalización y escasa negociación colectiva.
Además, nuestra economía chilena se caracteriza por niveles de muy alta concentración, por la presencia de monopolios o por la cartelización entre grupos económicos que utilizan ese poder para generar rentas sobre normales en un contexto de baja competencia y escasa transparencia.

Ciertamente una economía con estas limitaciones no está en condiciones de garantizar la universalización de la protección social.

A partir de esta realidad, ¿cómo se llega a un modelo económico inclusivo? ¿Cómo concebimos el rol de la inversión privada para generar crecimiento?  ¿Cuál debería ser el papel del Estado? ¿Qué hacemos con una economía de explotación de recursos naturales sin valor agregado y baja tecnología?

Tenemos que ser claros: para generar crecimiento se requiere la alianza público-privada. Nosotros no vamos a desarrollar el país solo a partir de la actividad del Estado. Es crucial el rol del sector privado. Evidentemente, necesitamos un Estado que no sea subsidiario, sino que ejerza liderazgo y sea un articulador global de la economía.

Un ejemplo que hace la diferencia es la política energética. Hoy tenemos una visión de la política energética para los próximos 50 años: más actores, mejor competitividad, más energías limpias, con un Estado que tiene voz, que diseña, que conduce. Ahí se comprende cómo un Estado puede ser gestor, promotor y conductor.
Por otro lado, ¿cómo llegamos a un verdadero sistema de protección social, hoy que quedan desnudas nuestras falencias, por ejemplo, con el debate acerca de las pensiones?

¿Cómo lo hacemos con un país de 18 millones de habitantes y, como ya decía, con el PIB que tenemos, con nuestra baja productividad y con la carga tributaria existente?

¿Qué sistema de protección social se puede construir cuando hemos sido incapaces de responder la atención de miles de niños vulnerados en sus derechos, como hemos visto con el SENAME, con un Estado que revela severas falencias en su capacidad de hacer las cosas bien?

Cuando se ve a los países que han logrado un mayor nivel de desarrollo y esquemas de protección social de primer orden, observamos que en el origen de su éxito hay un esfuerzo de distintos actores, de las comunidades y de las familias, de amplios acuerdos políticos y sociales, y un rol indelegable e insustituible del Estado.

Articular los roles del Estado, la sociedad y los privados requiere respuestas muy meditadas para nuestro país, donde se garanticen con solidez oportunidades de crecimiento a las pequeñas empresas y derechos a los consumidores.
Aquí quisiera enfatizar sobre la necesidad de tener un mejor Estado. Si queremos confiar en la capacidad estatal para ser un pilar del desarrollo inclusivo, esa capacidad debe estar a un mejor nivel del que conocemos, un Estado moderno, eficiente, competente.

Constatar esta realidad no significa sólo quedarse en el diagnóstico, la queja ni menos en el inmovilismo.

La batalla del socialismo contra la desigualdad es histórica y nuestra razón de ser. Nuestra función y nuestra actitud es precisamente superar la pura denuncia o el conformismo.

Desde el retorno de la democracia ha habido avances muy importantes. Si no hubiera sido por las políticas sociales no habría habido disminución de la pobreza; incluso cambios sustantivos para las mujeres respecto de sus niveles de exclusión, si bien todavía hay importantes brechas de género que superar. También ha permitido que los trabajadores tengan más y mejores derechos, aunque igualmente tenemos importantes deudas pendientes.

Reitero que constatar la realidad actual no se contradice con los avances alcanzados. En palabras de Norbert Lechner, en esta "conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado".

La política debe hacerse cargo de problemas como las nuevas formas de trabajo; de la gestión sustentable de ciudades que no sólo debe brindar habitación, sino una mejor calidad de vida con el diseño de un sistema de protección social que también incluya una política de cuidados para los mayores en una sociedad que envejece.

Asimismo hacerse cargo de la realidad de miles de jóvenes que no tienen dónde buscar trabajo, con una cesantía que duplica el desempleo general.

Imaginamos un país que es capaz de crecer diversificando su economía, incorporando tecnología y sin descuidar la responsabilidad con el futuro, en el marco de un entendimiento estratégico entre Estado y privados.
Un país que fortalece la idea de comunidad y de responsabilidad de los ciudadanos, tal como alguien dijo alguna vez: "me gusta pagar impuestos porque es el precio que pagamos por una sociedad civilizada"[1].

Como señala el texto que nos convoca: "Si el potencial de desarrollo en Chile es fruto del esfuerzo colectivo de trabajadores, empleadores, sociedad civil y de un Estado emprendedor muy activo, sus resultados no pueden ser apropiados por algunos o ser desigualmente distribuidos según su poder y fuerza relativa.

No es factible promover una nueva estrategia de desarrollo que tenga como meta la cohesión social y que haga de la sostenibilidad su fortaleza, sin convocar un pacto de todos los actores que intervienen en el desarrollo. Eso es lo que dota la viabilidad económica y política a dicha estrategia de desarrollo".

Esta transformación no sucederá de un día para otro, y requiere perseverancia.

Es imprescindible repolitizar la sociedad y enfrentar estos grandes desafíos con las herramientas de la política como son el debate y la deliberación colectiva.

Los que están en esa mesa representan a sectores políticos que desde la tradición comunitaria, libertaria o socialista ha hecho una larga marcha. Los logros del progresismo en Chile no se explican sin el aporte de todas estas vertientes. Pero también de nuevos actores surgidos al calor de esta democracia que conquistamos en 1990. A todos nos cabe por igual la responsabilidad de pensar en el futuro. Por eso estamos reunidos esta mañana, para reflexionar sobre nuestra nación y su destino.

Muchas gracias nuevamente.                                                                           

[1] El juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos entre 1902 y 1932, Oliver Wendell Holmes.

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