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La dimensión militar en la experiencia de la Unidad Popular PDF Imprimir Correo
Escrito por Clodomiro Almeyda   
26-03-2016 a las 01:49:41

 

La dimensión militar en la experiencia de la Unidad Popular

Intervención en el Seminario sobre Seguridad Nacional, efectuado en México en enero de 1978, bajo el patrocinio de Casa de Chile.

Para ordenar estas reflexiones sobre la dimensión militar de la reciente experiencia política chilena, procederé previamente a plantear algunos supuestos teóricos y constataciones empíricas que permitan comprender cuál es el elenco conceptual que vamos a utilizar para formular estas cuestiones, y cuáles son los hechos fundamentales en que nos basaremos. Luego nos referiremos: primero, a la forma cómo se abordó en la experiencia de la Unidad Popular el problema militar; segundo: a las carencias e insuficiencias que en este asunto se pusieron en evidencia; y tercero, a la incidencia que estas carencias o insuficiencias de nuestra política al respecto, tuvieron en el desenlace de los acontecimientos chilenos.

De acuerdo con este programa, voy a hacer un breve enunciado de ciertos conceptos y hechos empíricos que son cosas sabidas por todos, pero conviene tenerlas presentes antes de empezar a reflexionar en voz alta sobre estos asuntos.

Primero: El proyecto revolucionario de la Unidad Popular no se inserta en una situación revolucionaria, definida ésta más o menos en los términos leninistas: descomposición del aparato institucional; decisión de las masas descontentas de no soportar más el sistema vigente; decisión, por lo tanto, también, de las masas de luchar para destruir y para cambiar ese sistema; y pérdida de la fe de las clases dominantes en la eficacia y la legitimidad del sistema imperante.

Parece claro que este conjunto de circunstancias que definen una situación revolucionaria ‑por lo menos desde el ángulo en que lo hace Lenin‑ no se encontraban presentes en plenitud en el momento en que el proyecto revolucionario de la Unidad Popular se inserta en el devenir político chileno.

Segundo: La frustración del proyecto reformista de la Democracia Cristiana, reflejó la imposibilidad dentro de los moldes capitalistas, y dentro de los marcos de la democracia burguesa, de resolver positivamente el estancamiento del proceso económico de Chile. Sin embargo, esa frustración no alcanzó, ni objetiva ni subjetivamente, a configurar una nueva situación de carácter revolucionario, sino solo logró resentir cuantitativamente los soportes sociales e ideológicos del sistema social vigente.

Ni el aparato institucional estaba en descomposición, sino solo se debilitó, ni las masas estaban dispuestas a acometer una empresa revolucionaria e insurreccional; ni el deterioro de las clases dominantes en su establishment había llegado al clímax como para haber perdido toda confianza en la legitimidad de su sistema.

Tercero: Que esto es así, lo refleja la circunstancia de que lo que puso en marcha el proceso revolucionario fue un evento electoral, producido de acuerdo a la legislación constitucional vigente, considerada legitima para la inmensa mayoría de la población.

Repito, no estábamos entonces en presencia de una situación revolucionaria, o sea, de una descomposición acentuada del sistema, lo que se pone en evidencia por el hecho de que aquello que determinó un salto cualitativo en el ascenso del movimiento popular chileno, permitiéndole el acceso al poder gubernativo, fue un evento electoral, producido conforme a la Constitución vigente, estimada como legítima por la gran mayoría del país.

También se refleja esta misma circunstancia en el hecho de que la votación alcanzada por el candidato de la Unidad Popular, como ustedes lo saben, fue el 36,3% de los votantes, es decir, poco más de un tercio de los electores, y sin embargo nadie objetó la validez del proceso constitucional subsecuente, que permitió a Salvador Allende acceder al Gobierno de la República.

Cuarto: En consecuencia, el proyecto revolucionario de la Unidad Popular pudo iniciarse gracias a la captura electoral del gobierno, debido no a la debilidad del sistema político vigente, sino por el contrario, gracias a su gran legitimidad y fortaleza, lo que posibilitó que con un apoyo electoral minoritario el ascenso al poder de la Unidad Popular no fuese cuestionado, precisamente porque se produjo conforme a la legislación vigente.

Quinto: Evidentemente, esa fortaleza y legitimidad del sistema político fue solo la condición formal del acceso electoral de la Unidad Popular al gobierno. La condición sustantiva de esa captura lo fue el desarrollo, maduración y unidad del movimiento popular chileno, bajo la hegemonía de los partidos revolucionarios, que logró sin que existiese una situación revolucionaria, un apoyo popular lo suficientemente significativo, como para provocar la derrota electoral de las fuerzas conservadoras y reformistas divididas entre sí y sin que tampoco la combinación de izquierda disimulara los propósitos y objetivos revolucionarios que pretendía realizar desde el Gobierno.

Sexto: La captura del gobierno ‑se ha dicho ya una y mil veces‑, no implicaba ni mucho menos el apoderamiento del Estado, la toma del poder. La captura del gobierno significaba solo el dominio de un importante factor de poder, que permitía, o facilitaba el proceso de su captura total; marcaba un hito importante en la marcha hacia el poder, pero de manera alguna significaba la consumación de esa empresa política.

Séptimo: La experiencia revolucionaria chilena implicaba entonces una situación un tanto insólita ‑no sé si con pocos o ningún precedente en la historia‑ ya que fue precisamente la legitimidad y fortaleza del sistema político democrático burgués lo que le permitió llegar al gobierno a la Unidad Popular, y luego proponerse la transformación estructural de la economía, de la cual ese sistema político era su expresión formal.

Las anteriores experiencias revolucionarias habían sido viables precisamente, por lo contrario, por la debilidad o por la descomposición del sistema político imperante. En el caso chileno ocurre exactamente al revés.

Octavo: La fortaleza del sistema político que permite la reproducción del sistema económico, se mide fundamentalmente por la capacidad de ese sistema, sus leyes y sus valores, de inducir a la obediencia a la población y, específicamente, por su capacidad para controlar la violencia monopolizada e institucionalizada por las Fuerzas Armadas. La estabilidad de un sistema político se debilita en la medida en que pierde apoyo y legitimidad. Pero el sistema puede subsistir sin tanto apoyo y legitimidad, mientras sea capaz de mantener su articulación orgánica con las Fuerzas Armadas, de manera que éstas le permitan mediante el uso de la fuerza o la amenaza de su uso, inducir a la obediencia al conjunto de la población.

Ahora bien, dada la naturaleza de clase de la organización militar, dada la extracción social y la cultura política de los militares chilenos, era necesario prever que en el momento en que iba a hacer crisis el sistema social, esta crisis iba a generar un conflicto entre la lealtad hacia el sistema político y hacia el gobierno, y la lealtad hacia los valores que encarnaba el sistema social del cual las FF.AA. eran sus guardianes y su sostén. Esté conflicto de lealtades aparecía ya claramente como previsible en el momento en que se iniciaba el proceso revolucionario en Chile.

En las condiciones nuestras, la agudización de este inevitable conflicto de lealtades tenía irremisiblemente que traducirse en la ruptura del sistema político y en la subversión militar contrarrevolucionaria. La previsión de la inevitabilidad de esta ruptura del sistema político a través de la subversión militar de carácter contrarrevolucionario, se originaba fundamentalmente en el hecho de que, si bien las Fuerzas Armadas guardaban lealtad formal hacia el Gobierno, también eran leales a los valores sociales que inspiraban el orden socioeconómico, valores que mantenían hasta entonces la hegemonía ideológica en la sociedad, cuyo orden esas Fuerzas Armadas debían cautelar, en su carácter de agencia represiva.

Ahora bien, a la luz de estas consideraciones teóricas aparece como de una evidencia abrumadora que el tratamiento del problema militar, o sea, concretamente el problema de la obediencia de las Fuerzas Armadas, era la cuestión principal que debía resolver el Gobierno de la Unidad Popular para sacar adelante su proyecto transformador.

La rebelión militar victoriosa del 11 de septiembre de 1973 demostró que el Gobierno de la Unidad Popular no pudo controlar a la FF.AA. en el momento máximo de agudización de la crisis político‑social. Las Fuerzas Armadas se pronunciaron en su contra y se volcaron en favor de sus adversarios, o sea, de los defensores del orden establecido, cuyos intereses y valores inspiraban su formación política y profesional.

Ahora bien, ¿era posible, para resolver este impasse previsible, para evitar la subversión militar contrarrevolucionaria, haber intentado durante el Gobierno de la Unidad Popular, destruir a las Fuerzas Armadas tradicionales reemplazándolas por una estructura militar con el carácter de un Ejército del Pueblo, o algo parecido; o haberlas enfrentado al pueblo disponiendo éste de reducida capacidad bélica en relación con la que tenía el eficiente Ejército profesional? ¿Era posible haber resuelto por estas vías la eventualidad de la subversión militar contrarrevolucionaria? Esa es la primera pregunta que corresponde plantearse. Yo creo que la respuesta es clara y no admite dudas. En las condiciones chilenas de la época, ni la destrucción desde el Gobierno de las FF. AA. tradicionales y su reemplazo por un Ejército del Pueblo; ni un enfrentamiento bélico victorioso del pueblo con el Ejército profesional eran viables. Por lo tanto, el intento de hacer lo uno o lo otro estaba objetivamente destinado al fracaso.

El haber puesto en marcha cualquiera de estos procesos, habría provocado la ruptura inmediata del sistema político y la subversión también inmediata de las Fuerzas Armadas. Si el Gobierno hubiera querido provocar ese enfrentamiento del pueblo desarmado con el Ejército profesional no hubiese podido de ninguna manera evitar que el desenlace favoreciera a ese Ejército profesional. La posibilidad de haber armado, masiva y eficientemente al pueblo, sin que ello fuese detectado por las FF.AA., era prácticamente imposible y solo habría significado una provocación e incitación inmediata a la rebelión militar, ya que es obvio que tal acción habría implicado ilegitimar ipso facto al Gobierno y justificar por tanto la insubordinación total de las FF.AA.

Y también hay que tener presente que una política de esa naturaleza, en el contexto político chileno de la época, no solo habría hecho perder toda legitimidad al Gobierno ante las Fuerzas Armadas, sino también ante vastas capas de las clases medias, cuya ideología democrática‑liberal no les había permitido entender ni tolerar esas actitudes, con lo cual el apoyo social que habría podido tener esa política habría sido bastante escaso. Se habría añadido, entonces, el deterioro político del Gobierno a la debilidad de su apoyo militar, determinada por la mayor potencia de las Fuerzas Armadas profesionales en relación a este hipotético pueblo armado con el que lo hubiera querido enfrentar.

Ahora, ¿significa esto que una prolongación indefinida de la situación inicial en que se encontraban las Fuerzas Armadas, ejerciendo entre tanto el monopolio de la violencia, podría eludir o aplazar indefinidamente la insurrección y el enfrentamiento? Evidentemente, tampoco.

La prolongación indefinida de la situación inicial, no hacía sino, como lo demostró la práctica, postergar el problema y precipitar su crisis en condiciones aún más desfavorables para el Gobierno Popular, sobre todo, porque en la medida que el tiempo avanzaba y el Gobierno intensificaba su acción transformadora de la estructura social, más se ilegitimaba aquél desde el punto de vista de los valores sociales conservadores que inspiraban la cultura política de las FF. AA.

Resulta así, a mi juicio, que esta previsible subversión militar, como elemento esencial del cuadro político chileno una vez que la Unidad Popular tomó el poder, no podía ser enfrentada exitosamente en las condiciones chilenas de entonces, ni por un intento de suprimir a las Fuerzas Armadas tradicionales y reemplazarlas por otras, ni por el armamento del pueblo para enfrentar al Ejército profesional, ni tampoco a través de una postergación indefinida del conflicto militar para más adelante, en espera de que el transcurso del tiempo lo resolviese por sí solo.

Siendo esto así, surge otra interrogante. ¿Era absolutamente necesario que las cosas ocurrieran como ocurrieron, y que por lo tanto en todo caso se iba a producir un golpe militar victorioso?

Si la respuesta fuera afirmativa, ello significaría que el proyecto político de la Unidad Popular era esencialmente inviable, y que, por tanto, cualquiera que hubiera sido la conducta del Gobierno, su destino y su derrota estaban ya sellados de antemano.

Si la respuesta fuese negativa, o sea, si se piensa que no obstante la imposibilidad de destruir las Fuerzas Armadas y sustituirlas por otras, no obstante, lo inútil de postergar indefinidamente el enfrentamiento, fue posible evitar, de todas maneras, la subversión militar, esa respuesta quiere decir que el proyecto político de la Unidad Popular era en realidad viable.

Personalmente creo que era posible evitar lo que ocurrió, no obstante, todas las condiciones que rodeaban el cuadro político chileno y que dificultaban la viabilidad de la empresa política propuesta por la Unidad Popular. Creo que fue posible haber resuelto favorablemente el problema de la probable insubordinación militar en una forma compatible con la naturaleza y las condiciones en que se concibió, se inició y se desarrolló la experiencia revolucionaria chilena. Pienso que, sobre la base de esas condiciones políticas y sociales existentes, fue posible concebir un conjunto de medidas, una política frente a las FF.AA., que aplicada racionalmente desde el momento mismo del ascenso al Gobierno de Salvador Allende, hubiese conducido, si no a evitar que estallara en algún momento la insurrección militar, al menos a debilitarla y favorecer con ello su derrota y aplastamiento.

¿A qué se debe entonces que no se hubiera intentado promover una política de ese tipo, destinada a evitar o debilitar la subversión militar? Hay, desgraciadamente, que constatar la ausencia, dentro del conjunto de grandes objetivos que se proponía realizar la Unidad Popular, de un gran proyecto de política militar, que hubiera debido ser uno de los supuestos básicos de toda la conducta del Gobierno, proyecto concebido y destinado a optimizar las condiciones favorables existentes para sustraer a las Fuerzas Armadas de su rol represivo, neutralizando al menos su capacidad política y militar de manera de evitar que sus recursos de poder, total o parcialmente, se colocaran a disposición de la contrarrevolución, en el momento más agudo de la crisis.

Este gran proyecto militar, que no existió, debiera haber consultado una política a largo y mediano plazo, tendiente a lograr los siguientes objetivos:

1.‑ La modificación de la composición de los cuadros militares, con el criterio de maximizar el peso de los elementos más leales al sistema político democrático formal, y a minimizar la influencia de los cuadros presuntivamente leales a los valores sociales conservadores que subyacen en toda institución militar.

2.‑ La creación y el desarrollo de una nueva legitimidad revolucionaria que hubiera servido de fundamento ideológico y político para una redefinición del papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad, unido a una lucha ideológica por imponer esta legitimidad en el seno de las instituciones uniformadas.

3.‑ La creación de un conjunto de nexos, de vínculos entre las Fuerzas Armadas y las iniciativas gubernativas y las organizaciones populares, tendiente a ligar la existencia concreta de los efectivos militares al quehacer nacional, del que se encontraban separados.

4.‑ La dictación de leyes y reglamentos dirigidos a modificar el régimen legal y orgánico de las Fuerzas Armadas, de modo de dificultar la subversión y de favorecer el desarrollo de nuevos elementos progresivos en su organización y en su práctica.

5.‑ La creación y el desarrollo paulatino, dentro de los marcos permitidos por el sistema político vigente, de una organización de carácter paramilitar de las fuerzas populares, susceptible de ser utilizada eficazmente en condiciones de un enfrentamiento social.

6.‑ La generación dentro de la estructura de poder del Gobierno de la Unidad Popular, de un verdadero Estado Mayor que debió haber tomado bajo su responsabilidad el tratamiento e implementación de este gran proyecto militar.

Estas seis líneas de acción tienen ciertas características que es conveniente enfatizar.

En primer lugar, se trata de seis líneas de acción complementarias entre sí. Realmente ninguna de ellas podía, puesta en práctica aisladamente, haber alterado en lo esencial las condiciones en que se dio la correlación de fuerzas final al momento de la crisis. Pero una realización complementaria y convergente de todas esas líneas de acción permite pensar razonablemente que podían haberse alterado las condiciones en que se dio en último término el cotejo de fuerzas definitivo.

La segunda característica, es que todas esas líneas de acción están concebidas como susceptibles de haberse iniciado dentro de los límites del sistema político vigente, al que suponemos dotado de fortaleza y legitimidad. Su implementación no habría determinado por tanto una ruptura inmediata del sistema político a través de la insubordinación militar, como evidentemente sí lo habría producido el propósito declarado del Gobierno de transformar a las Fuerzas Armadas, convirtiéndolas bruscamente en una fuerza militar esencialmente distinta de lo que había sido anteriormente.

La tercera característica de estas líneas de acción, es que habrían sido susceptibles de irse implementando desde el inicio mismo del Gobierno Popular, de suerte que sus efectos acumulativos podían haberse notado ya claramente a los dos o tres años de gestión gubernativa.

Ahora analicemos con mayor detalle cada una de estas seis líneas de acción que a nuestro juicio debieran haber sido componentes de este gran proyecto militar.

¿Se podía haber modificado la estructura y la composición de los mandos de las Fuerzas Armadas de manera de contribuir a disminuir significativamente la peligrosidad contrarrevolucionaria del Ejército? Yo creo que hay que contestar rotundamente que sí.

Desde luego ello era jurídicamente posible; la Constitución Política de Chile lo permite claramente. Como en la mayoría de las cartas políticas, se le otorga allí al jefe del Estado la condición de Generalísimo de las Fuerzas Armadas y en consecuencia una capacidad prácticamente discrecional para modificar la composición de los mandos del Ejército, y para excluir de sus filas a cualquier oficial según su voluntad.

Ahora, el que esto fuera jurídicamente posible no quiere decir mucho, porque ello podría haber sido jurídicamente posible, pero imposible de haberse realizado en los hechos. Sin embargo, no era así. Hay muchos precedentes en la historia reciente de Chile que demuestran cómo, sobre todo al acceder un nuevo Gobierno al poder, se procedió a modificar sustancialmente los altos mandos de las Fuerzas Armadas, sin que ello originara mayores trastornos institucionales.

Es el caso, por ejemplo, del Presidente Ibáñez en 1952, que al llegar al poder alejó de las filas nada menos que a todos los generales, de resultas de haber nombrado Ministro de Defensa a una persona que era coronel. Incluso en el propio Gobierno de la Unidad Popular, en el breve período en que estuve a cargo de la cartera de Defensa Nacional, se llamó a retiro a dos altos jefes de la Fuerza Aérea y se pudo demostrar en esa ocasión la efectividad del axioma de los especialistas en cuestiones militares, que afirma que cuando un oficial sale del Ejército y deja de tener mando, pierde automáticamente su poder. Eso es la realidad.

Lo que se ha sugerido no solo era, pues, jurídicamente posible, sino que era también políticamente viable, sobre todo aprovechando algunas oportunidades en que fue factible minimizar el peligro de deslealtad de las Fuerzas Armadas ante medidas de esa naturaleza.

Hubo entre otras, dos oportunidades en que a mi juicio se pudo haber alterado fundamentalmente los mandos, con un mínimo riesgo de provocar una reacción militar subversiva.

Desde luego, al comienzo, casi inmediatamente o inmediatamente después de haber accedido al Gobierno el Presidente Allende. En esa ocasión, investigando hacia el interior de las Fuerzas Armadas, a propósito del asesinato del General Schneider, se pudo constatar que había numerosos oficiales de altos rangos comprometidos en la conspiración contrarrevolucionaria, y entre ellos nada menos que el jefe de la Guarnición de Santiago.

Esta situación, producida después del ascenso del Presidente Allende al Gobierno, y contando en consecuencia éste con gran legitimidad y un gran apoyo popular, creaba una coyuntura política excepcionalmente favorable para haber intentado una modificación parcial, pero importante de los mandos, disminuyendo así desde el comienzo la peligrosidad contrarrevolucionaria del Ejército.

Luego, a principios de 1971, una vez producido el triunfo electoral de la Unidad Popular en las elecciones municipales, en que se alcanzó más del 51 % de los votos, se dio un momento particularmente propicio para haber intentado modificar nuevamente la composición de los mandos, alejando de las filas a los elementos más reticentes o adversos al proyecto político de la Unidad Popular, profundizando los cambios iniciales.

Es evidente, por lo demás, que este proceso de modificación de los mandos, inserto dentro de un plan racional, no tenía por qué haberse realizado de golpe en un solo acto. Estuvimos tres años en el Gobierno, siendo este lapso más que suficiente para haber planeado toda una estrategia destinada a maximizar la lealtad posible de las FF.AA. hacia el Gobierno y a minimizar las posibilidades de insubordinación por parte de aquellos oficiales que por una u otra razón era presumible que tuvieran una actitud antigubernamental.

La segunda línea de acción que percibo como fundamental dentro de la política militar, es la creación y desarrollo de una nueva legitimidad revolucionaria. La ausencia de un gran proyecto ideológico destinado a arrebatar la hegemonía en el plano de los valores a las clases conservadoras de la sociedad chilena, fue una falla a mi juicio esencial en el Gobierno de la Unidad Popular, que se proyecta mucho más allá de la incidencia que esto tuvo en las Fuerzas Armadas y que tiene que ver en general con todo el proceso político chileno.

Hay que reparar en que los valores en que descansa la organización militar, tienen todos, cuál más cuál menos, un contenido reaccionario que era preciso develar, esclarecer, combatir y reemplazar a través de una lucha ideológica firme, inteligente y creadora.

Toda institución militar es por su esencia una agencia de represión que está ligada al proceso de la división de la sociedad en clases, en cuya estructura constituye una de sus piezas fundamentales. La razón de ser de la estructura militar, la naturaleza de su organización, nos lleva a concluir que éstas están funcionalmente construidas para cumplir una función represiva, para evitar incluso que el contingente de reclutas que las integra pueda adoptar otra conducta que no sea la que se les impone desde arriba, impidiéndose así todo comportamiento ajeno al que verticalmente se les impone desde los mandos. Y esta disciplina vertical es la esencia de la institución militar, está destinada a hacer imposible o muy riesgosa la insubordinación de la tropa, todo en correspondencia con los valores reaccionarios que están en el trasfondo de la institución militar: el orden y la seguridad, entendidos éstos como los perciben las clases que están en el poder y que usufructúan de la estructura social.

Reparando en la estructura de los valores propios de la sociedad tradicional conservadora, en cuyo seno fue formada la gran mayoría de los oficiales chilenos, se puede constatar la estrecha asociación que existe entre el orden y el concepto de patria, y entre éste y sus presuntas antítesis, el comunismo y el ateísmo, concebidos como la negación de los valores en que descansa el orden social y en que se fundamenta la nacionalidad.

Sobre esta cultura político‑militar reaccionaria se superpuso el adoctrinamiento a que fueron sometidos en los últimos años los oficiales chilenos en los Estados Unidos, con el fin de hacer de las Fuerzas Armadas latinoamericanas, agentes contrarrevolucionarios. Se reforzó así y se modernizó de esta manera la ideología conservadora de la Fuerza Armada colocándola en mejores condiciones de servir a los intereses de la potencia hegemónica que ha tomado sobre sí la tarea de defender el orden social capitalista, a nivel universal.

Es evidente que un análisis de estos valores determinantes de la conducta de las Fuerzas Armadas, debió haber llevado necesariamente a plantear una gran política ideológica destinada a ir modificando paulatinamente las aristas reaccionarias de las Fuerzas Armadas chilenas, inspiradas en los conceptos de "guerra interna", de seguridad nacional y de la "contrainsurgencia", que les habían sido internalizadas a través de su educación contrarrevolucionaria en los Estados Unidos.

Creo que este proyecto de lucha ideológica, que constituye uno de los elementos de toda política militar progresista, debió haber empezado por la denuncia del carácter conservador de los valores que inspiraban a las Fuerzas Armadas chilenas y en seguida, haber proseguido por la construcción de toda una nueva concepción de la seguridad nacional en función de los intereses del desarrollo autónomo e independiente de nuestros pueblos, con un contenido nacional, renovador y antiimperialista. No creo, sin embargo, que era viable el haber provocado de la noche a la mañana una revolución ideológica en las Fuerzas Armadas, convirtiéndolas al marxismo-leninismo ni nada que se parezca. Pero sí se pudo haber introducido en su seno una discusión temática alrededor de la función que les corresponde desempeñar en nuestras sociedades, a fin de cuestionar con este método, progresivamente, su rol conservador y confrontando así el papel represivo que hoy cumplen en América Latina con la tradición libertadora de nuestros ejércitos, forjada en la gesta de la Independencia.

Que de esta lucha ideológica se pudo haber recogido frutos valiosos lo prueba, a título de ejemplo relevante, el caso del General Prats.

El General Carlos Prats era un militar conservador. Pero el contacto cotidiano con los hombres de Gobierno y los representantes de los partidos populares, con los dirigentes de asociaciones de trabajadores, fueron cambiando positivamente su mentalidad, hasta el grado que, en los últimos meses del Gobierno de la Unidad Popular, se puede decir de él que era ya un militar progresista, un militar en el cual ese conflicto de lealtades a que aludimos anteriormente, se definió en favor de la lealtad al Gobierno Popular. Los valores que representaba ese Gobierno de la Unidad Popular y el proyecto político que estaba promoviendo, llegaron a tener para el General Prats mayor significación nacional y patriótica que los valores formales reaccionarios que aprisionaban la mentalidad de la mayoría de sus colegas. Y, sobre todo, para él, la propia Seguridad Nacional, cuya tutela incumbe esencialmente a la institución militar, estaba mucho más ligada a la existencia de un orden social justo, del que participa como usufructuaria la mayoría de la población, que a un orden social represivo que margina de los beneficios del progreso social a esas mayorías.

Y no se crea que el caso de Carlos Prats fue una excepción absoluta. Hubo en las Fuerzas Armadas chilenas bastantes oficiales que experimentaron un proceso parecido. Con motivo del golpe fascista muchos de ellos fueron fusilados el día mismo del putsch, otros fueron procesados y condenados y se encuentran hoy en las cárceles o en el extranjero, y no pocos lisa y llanamente desaparecieron.

La tercera línea de acción que debió haberse desarrollado es el esfuerzo por ligar estrechamente las actividades e instituciones sociales, gubernativas y populares, con las Fuerzas Armadas. Algo de esto se hizo durante la UP, pero en forma improvisada, sin planificación. Fue simplemente un esbozo de lo que debiera haberse hecho en forma más sistemática para tratar de ligar profundamente a las Fuerzas Armadas con el quehacer nacional y social, y no solo a través de los altos mandos y los oficiales, sino a través y fundamentalmente, de la sub-oficialidad y de la tropa misma.

Las Fuerzas Armadas chilenas, como pocas, estaban aisladas del conjunto nacional, del cuerpo social. Era urgente y necesario hacerlas convivir con el pueblo chileno y con sus inquietudes. Creo que ello habría contribuido mucho a que lograran entender el sentido del proceso social que se llevaba a efecto en Chile, y la razón del apoyo popular que lograba. Además, ello ayudaba a ir deteriorando la doctrina tradicional que divide artificiosamente a los ciudadanos en civiles y militares, otorgándoles a éstos un status diferenciado y particular, lo que es una de las fuentes que facilita en los ejércitos la adopción de posturas reaccionarias, en la medida que ello tiende a legitimar la peligrosa teoría que nadie mejor que ellos están en condiciones de cautelar y defender los valores básicos del orden social.

Enseguida, creo que pudo haberse intentado ‑cuarta línea de acción‑ algunas transformaciones en la organización y régimen de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, haberle otorgado a la tropa derecho a voto, cosa que no es un precedente insólito en la historia política contemporánea, sino que es ya la práctica usual en las democracias modernas.

Ahora bien, ésta y otras iniciativas semejantes debieron haberse preparado muy cautelosamente, condicionándolas incluso ideológicamente a través de una campaña propagandística que hubiese permitido a la opinión pública, y no solo a los militares, compenetrarse de su necesidad y conveniencia.

Podría haberse tratado de redefinir los deberes de obediencia militar, manteniéndose su esencia disciplinaria, pero sin los caracteres absolutos e irracionales propios de la escuela prusiana. Esta iniciativa se ha puesto en práctica en muchos ejércitos después de la Segunda Guerra Mundial, para evitar precisamente que esa concepción reaccionaria, y condicionada de la disciplina pudiese favorecer la comisión de actos delictuales a la luz del derecho internacional y contra los derechos humanos, como los que hubo que juzgar y condenar al fin de esa conflagración.

Creo que un programa de transformaciones orgánicas de esa naturaleza debió haberse discutido y planteado. Al respecto hubo solo enunciados muy generales en el propio Programa de la Unidad Popular, del todo abstractos e insuficientes.

Como quinta línea de acción, creo también que debió haberse tratado de organizar al pueblo si no militar, paramilitarmente durante los años del Gobierno Popular, para contribuir a la defensa del proceso revolucionario.

No creo que sea éste el escenario más adecuado para entrar a discutir este problema; pero hay experiencias bastante significativas que considerar. Quiero recordar solo el caso de los Comités de Defensa de la Revolución en Cuba, que demuestran cómo se puede en un período de ascenso del movimiento popular, buscar formas orgánicas a través de las cuales se puede alcanzar un grado de masificación de la conciencia política y de preparación paramilitar de la población, para que en un momento determinado pueda jugar un rol importante en la defensa del proceso revolucionario.

Finalmente, creo que había que desarrollar una línea de acción que era condición y supuesto de todas las anteriores: la constitución de un verdadero Estado Mayor de alto nivel político y técnico, para haberse ocupado de todos estos asuntos y haber tenido desde el comienzo idoneidad y responsabilidad en la implementación de la política militar.

Así miradas las cosas, resulta claro que el proyecto militar que debió haber existido formando parte fundamental del proyecto político general de la Unidad Popular, no existió, o al menos estuvo solo germinalmente concebido. Quiero, sin embargo, que quede en claro que a mi juicio este conjunto de políticas frente a las Fuerzas Armadas, que pudo darse y no se dio, en manera alguna podían evitar una eventual y más que probable insubordinación militar.

Dados los valores potencialmente movilizadores de las entidades castrenses chilenas, y su percepción de la realidad, parece muy difícil ‑por no decir imposible‑ que hubiera dejado de producirse una sublevación militar.

Pero la diferencia estriba en que, en las condiciones supuestas de una activa implementación de una política preventiva frente a esa eventual sublevación, habría sido posible hacerla abortar o derrotarla. Entre otras razones, porque en esas condiciones lo más probable es que los golpistas no hubieran contado con el apoyo prácticamente unánime que tuvieron, a la postre, del conjunto de la institución militar. O que las FF.AA. se hubieran dividido entre los partidarios y los adversarios del golpe, neutralizándose su acción y haciéndose posible así una participación del pueblo en el enfrentamiento, que en estas circunstancias sí que pudo haber desempeñado un decisivo rol para inclinar la balanza de fuerzas en favor del Gobierno Popular, legítimamente constituido.

¿Qué puede explicar que no se haya formulado ese proyecto de política militar? Proyecto que desde luego debió haber jugado un rol tan o más importante que el plan económico del Gobierno, o su programa de política internacional.

Me parece que esta carencia se debió en buena parte a una conciencia insuficiente de la naturaleza e importancia del problema. Estas cosas que ahora nos parecen tan claras, no lo estaban entonces tanto para todos. Había, por ejemplo, una creencia en la posibilidad de neutralizar ideológicamente a las Fuerzas Armadas, sobre la base de su "apoliticismo" y de su profesionalismo. Esta creencia resultó ser a la postre una falacia. Una falacia que podía haberse puesto en evidencia con una preocupación y un estudio más intenso de la naturaleza de las instituciones castrenses, de la cultura política militar y de los ingredientes que la constituyen en la sociedad chilena, todo sobre la base de una conciencia clara de las funciones esencialmente represivas que cumplen las Fuerzas Armadas dentro de toda organización social clasista.

Existió en la izquierda chilena la creencia, más o menos extendida, en la posibilidad de dividir a las Fuerzas Armadas en un momento de crisis: división que aparecía por tanto como un elemento determinante en todas las estrategias o los planes defensivos frente a una eventual insurrección militar. Se pensaba que, así como en países como Perú o Bolivia se habían producido promociones de oficiales progresistas, nacionalistas y antiimperialistas, el mismo fenómeno podía reproducirse en Chile.

Se confiaba en que este proceso se desarrollara espontáneamente. En realidad, no hubo ningún esfuerzo por ayudar a promoverlo, a facilitar su desarrollo. Por el lado del adversario, al contrario, se hizo bastante para que así no ocurriera, y las FF.AA. se mantuvieran unidas bajo la hegemonía ideológica conservadora.

La creencia de que en Chile se iba a producir naturalmente la emergencia de una corriente militar nacionalista y progresista, como las que hubo en algún momento en Perú, Bolivia, Argentina o incluso en Brasil, era errónea y equivocada. Y ello por lo siguiente: las Fuerzas Armadas chilenas vivieron un ostracismo político y social desde el año 1932 hasta el momento del golpe. Aisladas como ninguna otra fuerza armada de América Latina del contexto social y de la vida del país, ausentes de manera casi absoluta de las preocupaciones que embargaban al conjunto de los miembros de la sociedad chilena, constituían los militares un compartimento estanco dentro de ella, ocupando en el contexto social una situación desmedrada. Este aislamiento, evidentemente, limitaba mucho el reflejo en las Fuerzas Armadas de las contradicciones sociales, tanto internas como internacionales, que en otros países facilitó la aparición y desarrollo de corrientes militares progresistas y avanzadas.

Y hay razones para explicar este fenómeno. Los objetivos nacionalistas, progresistas y antiimperialistas fueron asumidos en muchos países latinoamericanos por jóvenes promociones militares. Pensemos en la promoción militar boliviana, que vivió la experiencia de la guerra del Chaco, en la oficialidad argentina que se contagió con el populismo nacionalista desencadenado por el peronismo, o en la promoción de oficiales peruanos que en forma parecida a sus colegas portugueses tuvieron que llegar hasta el fondo del país en la lucha antiguerrillera, o en los militares brasileños forjados en los años veinte en la experiencia del tenientismo del que emerge incluso la primera figura del comunismo brasileño, Juan Carlos Prestes.

El proceso político chileno, desde el año 20 en adelante, fue sucesivamente realizando e intentando realizar estos objetivos progresistas, de manera que, en nuestro país, no podían ser las Fuerzas Armadas los agentes virtuales de estas transformaciones, que ya habían tenido antes en Chile promotores civiles a través de los partidos políticos de izquierda.

Por estas y otras razones no era correcto pensar en la espontánea generación de una tendencia militar de avanzada, motivada por objetivos progresistas, ya que en Chile tales objetivos fueron promovidos y eran patrimonio de los partidos de izquierda, lo que no ocurrió ni en Perú, ni en Bolivia, ni en Argentina, ni en Brasil.

Nos hemos referido en esta intervención a la incidencia negativa que tuvo en la experiencia chilena la ausencia de un proyecto político militar, dirigido al objetivo de enfrentar a la inevitable crisis social a que conducía la política de transformaciones de la Unidad Popular, en las mejores condiciones posibles, debilitando al máximo el aparato represivo, paralizando, neutralizando o dividiendo a las Fuerzas Armadas.

Esta ausencia fue, sin duda, una de las carencias fundamentales de que adoleció la experiencia de la Unidad Popular.

Pero, evidentemente, no fue la única carencia, porque el enfrentamiento social en una crisis política en la que se juega la subsistencia del orden social vigente y la posibilidad de transformarlo en otro radicalmente distinto, es un enfrentamiento total, que incluye al componente violencia, desde luego, pero compromete también a todos los otros niveles de la existencia social.

El desenlace de un enfrentamiento social integral, como el que se produjo en Chile, estaba condicionado no solo por su componente militar, sino que tuvo mucho que ver con el apoyo, la organización y la conciencia de las fuerzas sociales que participaron en el enfrentamiento.

No es el propósito de estas reflexiones aludir a estos otros aspectos, pero quiero sí mencionarlos para que no se piense que sustento un criterio unilateral, que asigna al factor militar y al uso de la violencia, el carácter de factores exclusivos y excluyentes entre los muchos que condujeron a la correlación de fuerzas negativa que condicionó el desenlace final de nuestra empresa política.

Desde luego, creo que, en el terreno de la política económica, la incapacidad del Gobierno para controlar el torrencial desarrollo de la inflación, tuvo bastante importancia en predisponer en su contra a vastas capas de la sociedad. La falta de una política de reformas constitucionales, correlativa a los cambios sociales y económicos, creo que también tuvo una incidencia negativa considerable en el desenlace final. Un tratamiento poco correcto con respecto a las clases y a los partidos de la clase media, contribuyó al aislamiento de las fuerzas populares.

Igualmente, la ausencia de un gran proyecto ideológico, al que hice referencia cuando aludí a la relevancia que tiene la educación política de las Fuerzas Armadas, no solo tuvo importancia en la medida en que mantuvo a éstas en su rol reaccionario, sino también en cuanto no disputó la hegemonía ideológica de la sociedad a las clases conservadoras.

En síntesis, no pienso que la debilidad en la forma de abordar el problema militar fue el único factor del cual dependió el destino final de nuestra experiencia, pero sí hay que reconocer que esta carencia tuvo una importancia fundamental, que debemos registrar y de la cual debemos sacar las lecciones consiguientes.

Estas son las reflexiones que he querido formular sobre este tema, con el propósito de que la autocrítica de lo que sucedió en Chile pueda servir de base para que no solo nosotros los chilenos extraigamos de ellas aleccionadoras conclusiones, sino también para que esta temática esté siempre presente en las preocupaciones de las fuerzas progresistas latinoamericanas.

Y no solo creo que para América Latina sean válidas estas consideraciones. Pienso que estos problemas están presentes, también, en otros contextos políticos aparentemente muy distintos. Se me ocurre, por ejemplo, que cuando la izquierda francesa contemporánea se ha planteado una captura electoral del poder, no se ha preocupado seriamente de construir toda una estrategia y una táctica frente a las FF.AA. de su país, en orden a enfrentar sus eventuales actitudes contrarrevolucionarias que, por una serie de razones ‑que no es del caso indicar aquí‑ aparecen incluso más probables que lo que lo eran en su tiempo en el propio Chile. Bastante trágico seria que después de lo que ocurrió en Chile, nuestra experiencia no haya sido lo suficientemente fuerte como para impresionar e influir en la conducta de otras fuerzas políticas de izquierda que están acometiendo empresas semejantes a la nuestra.

Entrego, pues, estas reflexiones a la consideración de este Seminario, pensando sobre todo que su análisis y su discusión puede enriquecer los puntos de vista de la Unidad Popular para abordar creativamente el más difícil de los problemas que deberá enfrentar la izquierda chilena en el proceso de erradicación del fascismo en Chile y de renovación de nuestra institucionalidad democrática: la transformación radical de las FF.AA. tradicionales chilenas, a fin de impedir para siempre que vuelvan a usar las armas, que se les entregó para defender a Chile, en contra de su pueblo y de su lucha por un mundo mejor.

Última actualización ( 26-03-2016 a las 01:52:41 )
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